Héctor J. Cámpora en el poder

El 25 de mayo de 1973 asumió la presidencia de la Nación Héctor J. Cámpora acompañado en la vicepresidencia por Vicente Solano Lima. Una multitud impresionante desbordó la Plaza de Mayo. En ésta se vivió el preludio de horas difíciles y amargas que se prolongaron durante largos años. Subversivos Montoneros, del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) agredieron con palabras y con hechos, y en ese histórico lugar, a todos quienes vistieran uniforme militar o del personal de seguridad, no se salvaron, quizás por equivocación, militares extranjeros que nos visitaban. Se volcaron y quemaron vehículos. Masas de revoltosos, algunos armados, intentaron penetrar en la Casa Rosada, en medio de gases lacrimógenos, balazos y sirenas de ambulancias que recogían heridos, algunos de gravedad. Hubo de suspenderse el desfile militar y el tedeum previstos 1111. El clima vivido era tan temible, que al presidente de facto saliente, Alejandro A. Lanusse, se le sugirió retirarse, luego de la asunción, en helicóptero, cosa que rechazó de plano.

Varios grupos se dirigieron a la cárcel de Villa Devoto, para exigir la liberación de detenidos políticos y guerrilleros allí presos, mientras éstos se amotinaban. Al parecer, apremiado por personeros de los encarcelados, Cámpora decretó el indulto de cerca de cuatrocientas personas detenidas allí y en otras cárceles del país.

La primera decisión del Congreso nuevamente en funcionamiento, fue la sanción de una ley de amnistía amplia, que amparaba a quienes hubiesen cometido hechos, por más graves que ellos hubiesen sido, perpetrados en virtud de móviles políticos, sociales, gremiales o estudiantiles, cualquiera fuese el bien jurídico lesionado y la dosis de terrorismo empleado. Ironiza Scenna: «Pero era una idea muy generalizada que la guerrilla y el terrorismo eran una consecuencia directa del gobierno militar, y que ambos desaparecerían automáticamente con la extinción de la causa, es decir, con el fin de la Revolución Argentina y la entrega del poder a un gobierno libremente elegido. Con este renacería la paz social y el país se pondría en marcha hacia una economía de prosperidad...»1112.

El mismo Scenna describe a Cámpora como «un dentista procedente del conservadurismo y peronista de primera hora». Estrella de segunda magnitud en el firmamento justicialista, Cámpora se había caracterizado por su total y absoluta devoción a la figura del líder y por la ausencia plena de ideas propias. Constituía un personero ideal para llegar a la presidencia y convertir en realidad el eslogan que el peronismo echó a rodar: «Cámpora al gobierno, Perón al poder»1113. Sin embargo, no se puede aventurar un juicio sobre sus proyectos, si es que los tuvo.

Llamó la atención la presencia de los presidentes de Chile, Salvador Allende, y de Cuba, Osvaldo Dorticós, en el acto de la asunción. Ambos eran mandatarios de regímenes de izquierda pronunciada En su discurso ante el Congreso expresó: «Me permito recordar con emoción que, al enunciar las pautas programáticas para el gobierno justicialista, saludaba al sufrido y valiente pueblo vietnamita», haciendo alusión a la guerra en que se había encontrado envuelto, agregando: «Hoy mi corazón exalta de gozo al ver que la paz ilumina por fin la esperanza durante tanto tiempo perseguida». También reveló «la decisión de mi gobierno de restablecer relaciones con la hermana República de Cuba». Y al par de catalogar a la juventud como maravillosa, manifestó: «Queremos una Juventud que comprenda que es vanguardia de un gran ejército en lucha», añadiendo que esa juventud era «consciente del lugar de la barricada que debe ocupar porque tiene sed y hambre de justicia»1113 bis.

En un ministerio clave como el del Interior, nombró a un hombre al que le adjudican connotaciones de izquierda, Esteban Righi. Con el beneplácito, o no, del flamante presidente, surgió el «camporismo», línea en la que confluyeron subversivos peronistas, o que se decían peronistas, y opositores a los políticos y sindicalistas verticalistas, a los altos circuitos económicos, y por supuesto, a la dirigencia política del centro y de la derecha.

A poco, la confrontación entre esta línea y la ortodoxia más acérrima del justicialismo, tuvo oportunidad de manifestarse contundente y sangrientamente. EI 20 de junio llegaría a Ezeiza, procedente de Europa para radicarse definitivamente en el solar patrio, el líder Juan D. Perón. Una multitud impresionante, millones según algunos cálculos esperaba al viajero. Abigarradas legiones de la organización Montoneros y simpatizantes de éstos, intentaron copar el acto de recepción. Pero al acercarse al palco central, quienes estaban a cargo del control del acontecimiento, bajo la dependencia del ministro de Bienestar Social, José López Rega, abrieron fuego contra las mencionadas columnas, generalizándose un nutrido tiroteo recíproco. El saldo de víctimas entre muertos y heridos fue de varias centenas de personas, ante la atónita y angustiada mirada del grueso de la multitud, que se desconcentró velozmente y como pudo.

El avión que conducía a Perón fue desviado al aeropuerto de Morón para evitar se atentase contra el ex-presidente, lo cual, según versiones, estaba en los cálculos de las tendencias radicalizadas con el objeto de afirmar la posición de Cámpora que así gobernaría con un entorno izquierdista, sin las tutelas de Perón, es obvio, ni de ministros ultra verticalistas, como López Rega, del yerno de éste, el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Lastiri, del teniente coronel Jorge Osinde, sub-secretario de Deportes. éstos, junto con los líderes sindicales y con todo el espectro de la dirigencia peronista histórica, contestaban al «Perón, Evita, la Patria socialista» de la izquierda enquistada en el movimiento, con la consigna «Perón, Evita, la Patria peronista»1114.

La reacción de Perón fue inmediata. Al día siguiente del funesto suceso de Ezeiza, pronunció una alocución en la que intercala estas frases que tenían un claro destinatario: «En la función pública no ha de haber cotos cerrados de ninguna clase y el que acepte la responsabilidad, ha de exigir la autoridad que necesita para defenderla dignamente. Cuando el deber está de por medio los hombres no cuentan, sino en la medida que sirven mejor a ese deber. La responsabilidad no puede ser patrimonio de los amanuenses...»1115.

El 13 de julio Cámpora y Solano Lima presentaban sus renuncias que inmediatamente el Congreso aceptó. De acuerdo a la ley de acefalía presidencial en vigencia desde 1868, debía asumir la presidencia Alejandro Díaz Bialet, presidente provisional del Senado. Pero parece que se lo consideraba poco confiable, pues a su vez hubo de declinar a ese cargo, y entonces asumió la primera magistratura, atendiendo a la misma ley de acefalía que así lo preveía, el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Lastiri, ya hemos dicho que yerno de López Rega y hombre del más íntimo entorno de Perón. En el interregno, Lastiri se manejó con el mismo elenco ministerial, salvo Esteban Righi, y el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Puig, que fueron separados, este último, especialista de reconocidos méritos y brillante trayectoria académica.

Nuevas elecciones y tercera presidencia de Juan D. Perón

Inmediatamente, Lastiri convocó a elecciones de presidente y vicepresidente de la Nación que se realizarían el 23 de septiembre de ese año. El candidato justicialista al primer término de la fórmula no podía ser otro que Perón. En cuanto a la vicepresidencia, atentos a la senilidad del líder, fue apetecida por la izquierda la que propuso a Cámpora para dicha postulación, pero en el Congreso Nacional Partidario la mayoría ortodoxa impuso la nominación de María Estela Martínez de Perón según la propia decisión del líder. Ya se verá que esto no fue sino un error considerable que afectó la estabilidad institucional.

Se había hablado de la posibilidad de una fórmula Perón-Balbín, pero esto no cuajó. El radicalismo sostuvo el binomio Balbín-de la Rúa, que en los comicios sólo obtuvo el 24,42% de los votos, contra el 61,85% de sufragios para Perón-Perón. Esta victoria fue la más rotunda del anciano caudillo en su trayectoria. Cuarenta y ocho horas después de su aplastante triunfo, éste era saludado por la subversión, muy probablemente montonera, acribillando al Secretario General de la CGT José Ignacio Rucci, fiel desde siempre al jefe justicialista.

Perón asumió el 12 de octubre. Un poco mayor que Yrigoyen en 1928, con su lucidez intacta, también le tocó conducir la nave del Estado nacional en tiempo azaroso. Cosa curiosa: salvo la esquizofrenia terrorista, todos los sectores políticos, oficialismo y oposición, las fuerzas económicas y los distintos estamentos sociales, lo acompañaron, por lo menos, con una expectativa esperanzada. Incluso las tres fuerzas armadas, que tan esquivas le habían sido durante los años del exilio, en general se adecuaron a las disposiciones de su comandante en jefe según lo prescripto por la Constitución Nacional, a pesar de que Perón buscó sustituir la influencia que en el Ejército tenía el general Lanusse.

El grave obstáculo lo constituía el sector subversivo del camporismo. En los primeros días de octubre, el Consejo Superior del Partido Peronista, con la aprobación de Perón, declaraba la guerra a los «terroristas subversivos marxistas»1116. El tiro estaba dirigido al ERP, siempre y cuando los montoneros repudiaran al marxismo y se sumaran en la lucha contra éste. Ya estaba actuando la triple A (Alianza Anticomunista Argentina), cuyos hilos manejaba el influyente José López Rega, una especie de «escuadrón de la muerte» que el presidente dejó actuar, y que eliminaba anónimamente a militantes subversivos, especialmente del ERP, organización que había sido declarada ilegal durante la gestión de Lastiri. ésta, el 19 de enero de 1974, intentó copar un regimiento de tanques con asiento en Azul (Provincia de Buenos Aires). Se entabló un recio combate que duró siete horas. Al día siguiente, un Perón con uniforme militar, desde la televisión, acusaba al gobernador de esa Provincia, Oscar Bidegain, de tener actitudes contemplativas con la subversión y éste hubo de renunciar.

De inmediato, el 25 de enero, el Congreso reformaba el Código Penal tipificando nuevos delitos como la sustracción, retención u ocultamiento de personas, el secuestro extorsivo, la agrupación con fines de lucha ideológica, etc. y además, agravando las penas que les correspondían otras figuras delictivas ya previstas. En febrero el gobernador de Córdoba Ricardo Obregón Cano, fue depuesto por una sublevación de agentes del orden encabezada por el propio jefe de policía que aquel había cesanteado. El Poder Ejecutivo Nacional intervino la provincia, medida que luego logró la aquiescencia del Congreso. En realidad lo que pasó es que Perón quería purgar de todo funcionario de izquierda a las provincias, y así estaba calificado el gobernador y el vicegobernador Atilio López. Mientras tanto el ERP continuaba con su macabra tarea, contestada por la Triple A con la misma contundencia, y la agrupación Montoneros hacía lo suyo pero sin una declaración formal de guerra al líder.

El choque definitivo y público entre esta última organización y Perón se produjo el primero de mayo. Como era tradicional, el peronismo celebró con una gran concentración en la Plaza de Mayo el día del trabajo. Los asistentes se dividieron tajantemente. Por un lado, la mayoría ortodoxa integrada por las masas que movía la CGT acompañada por los ultra-verticalistas. Por el otro, una abigarrada multitud de la Juventud Peronista cuyo nervio motor eran los montoneros. Cuando la esposa de Perón coronaba a la reina de los trabajadores, los jóvenes ultraizquierdistas corearon un «Evita hay una sola»; luego se les oyó vocear: «¿Qué pasa, qué pasa general, que está lleno de gorilas el gobierno popular?», mezclada esta expresión con insultos a los asesinados líderes sindicales Rucci y Vandor. Perón, en su discurso, manifestó que «a través de estos veinte años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los que lucharon durante veinte años»; y luego, cargado de ira, los tildó de «infiltrados que trabajan adentro, y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan desde afuera, sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero»1117. Ante la repulsa, las columnas izquierdistas abandonaron la Plaza, no sin antes soportar como pudieron, frente a la Catedral, un drástico castigo del ultraverticalismo a través de sus activistas.

En el campo constitucional, en el inicio de 1974, el Poder Ejecutivo decidió ponerse a la tarea de concretar una reforma de la Constitución, para lo cual decretó la formación de una Comisión de Consulta y Estudio para la Reforma Constitucional. Esa consulta se hacía extensiva a todos los ámbitos del quehacer nacional y a los especialistas en derecho público. Entre éstos, hubo quienes se pronunciaron contra la enmienda

Muerte de Perón y mandato de María Estela Martínez de Perón

La salud del conductor del justicialismo estaba comprometida ya desde su nuevo acceso al poder. Ante dificultades surgidas en el campo económico, pronunció una alocución televisiva fustigando a los medios que denunciaban escasez de productos y la existencia de un mercado negro. Por la tarde, ante una concentración popular, expresó entre otras cosas: «Para finalizar deseo que Dios derrame sobre ustedes toda la ventura y la felicidad que merecen...Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que, para mí, es la palabra del pueblo argentino»1118. Fue la despedida.

El 1 de julio de ese año 1974, Perón dejó este mundo. Balbín, en un gesto de grandeza que, por otra parte, caracterizó a ambos personajes en esta etapa, despidió los restos de su ex-adversario llamándolo «muerto ilustre», «otro gran presidente». Reveló que Perón, al regresar, le había confesado que «él sabía que venía a morir en la Argentina», agregando: «...a dejar para los tiempos, el signo de la paz para los argentinos». Luego, el líder radical, dirigiéndose a la esposa de Perón, le manifestó: «los partidos políticos argentinos estarán a su lado en nombre de su esposo muerto, para servir a la permanencia de las instituciones argentinas que usted simboliza en esta hora»1119.

Quince días después de estas exequias, los montoneros asesinaban al doctor Arturo Mor Roig, que fuera ministro del interior de Lanusse y respetable dirigente radical. En noviembre dinamitaron el yate del jefe de la Policía Federal, Alberto Villar, con éste y su esposa a bordo, falleciendo ambos. Fueron los casos de atentados más notorios de una ola que se prolongó a lo largo de 1975, en el que rivalizaron en impiedad Montoneros, el ERP y la Triple A, que devolvía golpe por golpe. Víctimas de ésta cayeron Rodolfo Ortega Peña, ideólogo de la izquierda más radicalizada; Atilio López, ex-vicegobernador de Córdoba y dirigente sindical que comulgaba con posturas afines a la subversión; un hermano del ex-presidente Arturo Frondizi, Silvio, de tendencia trotskista.

El 12 de septiembre de 1975 fue declarada ilegal la agrupación Montoneros, a la que ya se habían plegado núcleos guerrilleros menores como las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de signo marxista, las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y Descamisados. Mientras, el ERP, que ya había sido descalificado en el interinato de Lastiri, ensayaba copar nada menos que la provincia de Tucumán, prevaliéndose de la geografía montañosa y boscosa de buena parte de ella. El gobierno de la señora de Perón comprendió que sin el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas, con los solos contingentes policiales era imposible toda tarea antiterrorista de envergadura como lo exigía este proyecto erpiano. Mediante un decreto de febrero de 1975 se facultaba a ellas a reprimir ese brote subversivo arbitrándose el «Operativo Independencia», que tuvo éxito, pues a fines de ese año el conato había sido aplastado, con el beneplácito generalizado de la comunidad, especialmente en la provincia afectada.

En octubre de ese año, otro decreto imperaba a las Fuerzas Armadas llevar la guerra antisubversiva a todo el territorio nacional a fin de «aniquilar», éste fue el término empleado, a las bandas terroristas. Balbín, jefe principal de una oposición que ahora era colaboracionista, al menos frente al objetivo prioritario del restablecimiento del orden, se expresaba en esa época así: «La intervención de las Fuerzas Armadas es un acto que debe ser respetado, ya que, sometidas al poder civil, actúan por su determinación, no afectando el proceso»1120.

Lamentablemente, la presidente estaba rodeada por un «microclima», según expresión del mismo Balbín, nada recomendable, provocado por personajes ultras entre los que sobresalía José López Rega, el verdadero poder detrás del trono, ex-tenor, expolicia, astrólogo, el «brujo» para el vulgo, o según Page, «el Rasputín de la Corte». Personaje que resultó de siniestras condiciones morales, había sido colaborador íntimo de Perón en Madrid, pero mientras éste lo manejó tolerando algunas de sus extravagancias, la esposa aparecía como manipulada por quien se sentía quizás como el delfín del régimen. En ocasión de una concentración popular en Plaza de Mayo, la República toda lo vio a López Rega, a través de la televisión, asistir sin empacho a la primera mandatario en su exposición. Imagen grosera de Maquiavelo, hemos ya mencionado como encaró la represión a través de la Triple A, dándole argumento a las «formaciones especiales». Afortunadamente, lo burdo de sus manejos, provocó la reacción de los lúcidos y honestos que no le faltaban a la dirigencia peronista, lo que facilitó –en época del «rodrigazo», del que ya hablaremos– que el Ejército presionara a la esposa de Perón para que ésta se desprendiera de este «colaborador» mandándolo como «embajador itinerante» a Europa (julio de 1975). Salió del país, según versiones, con su patrimonio personal notablemente acrecido.

Ya antes de la expatriación de López Rega, en el Senado se había impuesto ítalo Argentino Luder como presidente provisional, a pesar de la verosímil oposición de la presidente y su nefasto influyente.

El extrañamiento de López Rega no resolvió el aislamiento en que se encontraba la esposa de Perón. Un nuevo secretario privado, Julio González, ejercería la tutela vacante, a pesar de que habían ingresado al gabinete hombres espectables del justicialismo como ángel Federico Robledo, Carlos Emery y Antonio Cafiero.

Ley de acefalía presidencial

A principios de julio de 1975, se había sancionado una ley de acefalía presidencial en reemplazo de la dictada durante la presidencia de Mitre 1121, que disponía que en ausencia de presidente o vice-presidente según las distintas causales determinadas por la Constitución, el poder ejecutivo seria desempeñado transitoriamente, en primer término, por el presidente provisional del Senado, en defecto de éste, por el presidente de la Cámara de Diputados, y como tercera alternativa, le correspondía hacerse cargo al presidente de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, el gobierno de estos posibles reemplazantes sería esporádico, es decir, hasta que el Congreso, en virtud del artículo 75 de la Constitución, sesionando en Asamblea, hiciera la nominación de presidente para completar el periodo correspondiente. Esto la ley no lo dice, pero se desprende de una correcta interpretación. A tal efecto, la Asamblea debía contar con la presencia de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara. De no lograrse este número, sería suficiente una nueva sesión a celebrarse dentro de las cuarenta y ocho horas, con la presencia de la simple mayoría de los componentes de cada rama del Congreso. La designación requiere mayoría absoluta de los votos de los legisladores presentes, esto es, la mitad más uno, pero si no se obtuviera este guarismo, una nueva votación, limitada a las dos personas que hubiesen obtenido el mayor número de sufragios, definirá la cuestión, salvo que se produjera un empate, en cuyo caso se repetirá la votación en e! seno de la Asamblea. Si hubiera nueva paridad, decidirá definitivamente el presidente de la Asamblea.

Siempre la elección del nuevo presidente debería recaer en un diputado nacional, senador nacional o gobernador de provincia. La ley de acefalía preparaba una salida constitucional al grave problema del vacío de poder suscitado y al que nos referimos seguidamente.

El protagonismo de Luder

El 13 de septiembre, la presidente, cuya salud estaba resentida, solicitó licencia por un término de hasta cuarenta y cinco días, asumiendo la primera magistratura el presidente provisional del Senado, doctor Luder. éste, que en su mocedad había militado en el radicalismo, acompañó al peronismo por lo menos desde las elecciones presidenciales de 1946, recordándose su labor en la Convención Constituyente que produjo la reforma constitucional de 1949.

Fue poseedor de una intachable personalidad moral, de un equilibrio y prudencia llamativos; en fin, el hombre que aparecía como el posible orientador de aquella Argentina en tan difíciles circunstancias. San Martino de Dromi especifica: «Luder no actuó como un presidente provisional sino como un mandatario con plenitud de poder»1122. Efectivamente, dictó el decreto de octubre, ya mencionado, que ordenaba a las Fuerzas Armadas el aniquilamiento de los grupos guerrilleros en todo el territorio nacional y otras disposiciones que establecían dos organismos, el Consejo de Seguridad Interna y el Consejo de Defensa, ambos para coordinar la lucha antisubversiva, y creando la posibilidad de integrar las fuerzas de seguridad provinciales a esa represión.

Se empeñó en purgar de Lópezreguismo a la administración, entre otras medidas, arrinconando a Julio González, y produciendo el relevo del ministro del Interior, coronel Vicente Damasco, resistido en las filas del Ejército por sus proyectos políticos personales. La República comenzó a sentirse gobernada y con «un alivio en medio del desorden y de la ineptitud gobernante de la Presidenta y su grupo»1123.

La opinión pública, mayoritariamente, pensó que el apartamiento definitivo de Isabelita, como llamaban popularmente a la esposa de Perón, y el afianzamiento definitivo de Luder en el poder en virtud de la nueva ley de acefalía ya comentada, podía significar la restauración del principio de autoridad sin el cual la vida social es imposible, y que esto felizmente se haría dentro del marco constitucional. Se tomaba en cuenta que la finalización del período presidencial de cuatro años se operaría en la primera parte de 1977, y las elecciones presidenciales a realizarse probablemente a fines de 1976, estaban pues a ojos vista.

Lamentablemente, a pesar de virtudes que no se le discuten, la esposa de Perón, además de notoriamente inexperta, políticamente hablando, se mostraba desaprensivamente tozuda. El 16 de octubre retomaba el poder, rodeada otra vez por Julio González y una corte de obsecuentes. Volvía así a abrirse el abismo entre el gobierno y la sociedad, y una sensación de la falta de aquel, que se definió como «vacío de poder», en la calificación de Scenna «vacío de poder absoluto y perfecto», agregando este autor posteriormente: «En adelante sólo quedaba la disolución nacional»1124. Aceptamos este juicio pero acotando que si nuestra clase dirigente política -oficialismo y oposición, especialmente el primero- hubiese actuado, con lucidez y firmeza, el grave momento se hubiese superado sin llegarse a la tentación de usar los remedios extra-constitucionales.

Situación al comenzar 1976

Cuando el ambiente de golpe se respiraba ya como cosa casi ineludible, el 26 de febrero de 1976 la oposición presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de juicio político a la titular del Poder Ejecutivo, que la mayoría peronista no tuvo el valor de aprobar, rechazando la propuesta.

En la revista «Criterio» del 11 de marzo de 1976, se lee: «Nos resta explicar por qué la «solución militar» nos parece indeseable y cargada de peligros... 1) En la vida social el recurso a la fuerza debe ser siempre la última ratio. Para nosotros no se han agotado las posibilidades de cambio dentro del régimen. Sigue abierta la posibilidad de influir sobre el gobierno, sigue abierta la instancia electoral, y hay libertad suficiente para organizar una mayoría alternativa... 2) Al carecer de legitimidad de origen, la lucha política e ideológica contra la guerrilla se le hará terriblemente dificultosa a un gobierno militar. Porque la guerrilla lo sabe, está buscando el golpe desde que accedió el peronismo al poder... 3) La experiencia también enseña que la incursión de las Fuerzas Armadas en política provoca disensiones en su seno. Se organizan facciones, se politizan los cuadros y se quiebra la disciplina... 4) Salvo prueba en contrario, no existe en el país una creencia compartida en otro principio de legitimidad que el democrático... El golpe es el típico expediente de corto plazo que desemboca a los dos o tres años en un callejón sin salida...». La pluma que escribió esto, hizo una profecía verdaderamente sorprendente: todo eso ocurrió puntualmente. Coincidimos especialmente con el punto primero: había otras salidas en sustitución del manido golpe. El articulista concluye: «¿Cuándo llegaremos a la madurez?»

Ricardo Balbín, por su parte, en una intervención televisiva del 16 de marzo, después de condenar a la insurgencia guerrillera, hace mención de las Fuerzas Armadas, «las más meritorias que yo he visto en mi vida», «las que enterraban sus muertos y hablaban de las instituciones del país». Se pronuncia por la vigencia de éstas, pero sale con esta vaguedad: «Algunos suponen que yo he venido a dar soluciones, no las tengo pero las hay. Es esa, la unión de los argentinos para el esfuerzo común de todos los argentinos». Pero luego reconoce: «¿Por qué somos tan torpes, que no encontramos nosotros, los hombres de la civilidad, los caminos profundos del que hacer y el realizar?»1125. ¿Dónde estaban los recursos imaginativos, creativos, de nuestra clase política? O lo peor: ¿había resignación ante una salida golpista?, ¿nadie estaba dispuesto a pagar el costo político?, ¿se tenía miedo?, ¿no había capacidad para transigir prosternándose ante los altos intereses de la Nación? Muchos de esos políticos serían, luego de la experiencia del Proceso, severos censores de éste. Vaya falta de autoridad.

El ámbito económico-social en esta etapa

No hay dudas de que no siempre las sucesivas administraciones económico-financieras recibieron situaciones satisfactorias al asumir el poder. Por ejemplo, de la gestión rivadaviana, Dorrego heredó un tesoro sólo con deudas y un ejército desnudo. Pellegrini, en 1890, se hizo cargo de una República quebrada. Yrigoyen, en 1916, tuvo más suerte, pues había un aceptable ordenamiento económico, a pesar de la guerra mundial. Onganía recibió de Illia una economía con problemas, algunos serios, pero de ribetes aceptables. Al justicialismo, accedido al poder en 1946, 1973 y 1989, le ha ido en forma dispar. En 1946, podría retrotraerse el juicio a 1943, le tocó una situación económica favorable, que podrá discutirse si en 1955 era mejor o peor. En 1989, en cambio, el actual presidente afrontó, como Alfonsín en 1983, una grave situación en ese terreno, aunque en 1989 la economía argentina se parecía a un conjunto de escombros.

Pero nuestro tema es 1973. La situación heredada por Cámpora presentaba facetas disímiles. Debe admitirse que la situación económico-financiera era manejable. A pesar de una inflación que orillaba el 100% anual, de un crecimiento del déficit fiscal del 3 al 6% del producto bruto. Pero se había producido hacia esa fecha un mejoramiento de los precios internacionales de los productos primarios que exportábamos, y además, acompañaba a este incentivo exportador una moneda devaluada 1126. La deuda externa podía satisfacerse y el nivel de ocupación era razonable.

Por indicación de Perón, Cámpora designó ministro de economía a José B. Gelbard, titular de la Confederación General Económica, que nucleaba a sectores económicos medios cercanos al justicialismo. Como era histórico en éste, se puso en marcha un plan, esta vez trienal, buscando mejorar la situación de los sectores con menores recursos, incrementar el mercado interno, proteger a las pequeñas y medianas empresas, tender a nacionalizar importantes áreas, entre ellas el comercio exterior y los depósitos bancarios, amparar a arrendatarios urbanos y rurales. Se sabía que sin estabilidad casi todo ello era imposible, por lo cual se instrumentó un «pacto social» entre las fuerzas sindicales y empresariales, lo cual significó un congelamiento de precios, aunque con aumentos de salarios que luego se pensaban controlar, medidas que en general fueron aceptadas por los sectores involucrados. Hasta fines de 1973, los resultados respondieron a las expectativas: bajaron el índice inflacionario y la cotización del dólar paralelo, creció el producto bruto interno a una tasa del 6 al 7% anual, aumentó la participación del asalariado en ese producto, del 33% en mayo de 1973 al 42.5% a fin de ese año 1127. La balanza comercial logró un superávit importante y descendió el nivel de desocupación.

Entre fines de 1973 y la primera parte de 1974 comenzaron a visualizarse dificultades. La crisis internacional del petróleo, que afectó el monto de nuestras exportaciones, el aumento de los precios de los productos importados en relación con los de exportación, el crecimiento del déficit fiscal, la intensificación de la demanda interna, fueron todos factores que directa o indirectamente incentivaron los precios y produjeron desabastecimiento y mercado negro. Esto conllevó reclamos sindicales contestados por el gobierno con aumentos salariales que significaron la tácita ruptura del «pacto social».

Mientras vivió Perón, se fue tirando. Pero luego de muerto éste, roto el soporte de autoridad y credibilidad que el caudillo significaba, las cosas empeoraron. Relevado Gelbard en septiembre de 1974, un especialista técnica y personalmente recomendable, Alfredo Gómez Morales, intentó, ante la sobrevaluación de nuestra moneda que convirtió a nuestra balanza comercial en deficitaria, una devaluación del 33% en marzo de 1975, concediendo algún aumento salarial; pero en mayo las convenciones colectivas acordaron incrementos en las remuneraciones que el ministro no estuvo dispuesto a consensuar. Esto, y la oposición irracional del entorno lópezrreguista lo llevaron a renunciar. Por influencia de ese entorno fue designado en su lugar Celestino Rodrigo.

Se tomaron medidas drásticas, como quizás lo exigía en alguna medida la situación, pero con una buena dosis de imprudencia: se devaluó un 100% el peso, y hubo un aumento de las tarifas de los servicios públicos que osciló entre un 40 y un 200% según los rubros, todo lo que contrastó con solo un 40% en el aumento de los salarios. Esto desató un proceso de hiperinflación que la jerga popular llamó «rodrigazo»1128. La reacción sindical fue instantánea y estentórea, acompañada, aunque parezca increíble, por el propio ministro de trabajo Ricardo Otero, cosa que a éste le costó el cargo. Los convenios colectivos resultaron contraproducentes al ajuste implacable de Rodrigo y fueron anulados, pero el sindicalismo resolvió una huelga general que terminó con Rodrigo y con su mentor, López Rega, despachado como vimos al exterior.

Se sucedió alguna otra experiencia ministerial esporádica, hasta que en agosto asumió la conducción de la economía Antonio Cafiero, quien elucubró parches como la reanudación de la concertación entre fuerzas patronales y obreras, mini devaluaciones para incentivar las exportaciones, equilibrar las variables acudiendo a la indexación general de la economía, obteniéndose un mejoramiento del sector externo, aunque el déficit fiscal creció hasta el 12,3% del producto bruto, según parece, cifra récord en la historia económica nacional. Antes del golpe de 1976 fue relevado Cafiero para volver a un ajuste que pareció necesario. A esa hora, la falta de autoridad política hacía prever la inviabilidad del mismo. Lo cierto es que en plena crisis económica mundial, dado el aumento notable del precio del petróleo, Argentina –que tenía una producción considerable de tan crítica fuente de energía– sufrió la crisis en mucha mayor medida que países que no la producían.

Se ha tocado incidentalmente en este parágrafo el tema sindical. Agregaremos que en septiembre de 1974 fue dictada una ley que regulaba el contrato de trabajo, la que en general significó un progreso, para algunos, exagerado, de la situación del trabajador frente a la empresa. Se amparaba a la mujer asalariada especialmente en caso de maternidad, y a los menores en situación de dependencia laboral. Se ampliaba el período de licencia anual por enfermedad. En ocasión de despido se dilataba el término del preaviso y se acrecía el monto de las indemnizaciones correspondientes, lo mismo que el lapso de vacaciones anuales, entre otras mejoras. Se adoptaba el principio que hacía preponderar la norma que apoyaba más al trabajador en caso de duda sobre la aplicación e interpretación de la ley.

También se sancionó una nueva ley de asociaciones profesionales, la que seguía el principio de la formación de un solo sindicato por cada sector productivo, a fin de evitar la atomización gremial y el consiguiente debilitamiento del sector obrero frente a la patronal. Así, sólo obtendría personalidad gremial el sindicato con más adherentes dentro de cada actividad económica. Importante fue el reconocimiento del fuero sindical, por el cual a los dirigentes sindicales se les reservaría su empleo en la empresa de que se tratare, mientras cumplieran sus funciones de conducción. Incluso el fuero sindical preservaba a esos dirigentes de ser procesados en sede penal, salvo que se hubiese pronunciado anteriormente un Tribunal Nacional de Relaciones Profesionales. Tampoco podían ser arrestados, a menos que existiera decisión de juez competente, con la excepción del caso en que fueren sorprendidos en el momento de cometer un delito penado con prisión o reclusión; ni allanados los locales sindicales sin autorización de juez competente. Se permitía, asimismo, la participación política de los gremios: propiciando candidatos, manifestando puntos de vista en esa materia. El poder sindical logró la designación de obreros en el poder ejecutivo, generalmente como vicegobernadores, en varias provincias, así como de legisladores provinciales y nacionales.

Durante el corto lapso de su presidencia, Perón contuvo las medidas de protesta gremiales. Pero a poco de su muerte menudearon huelgas, quites de colaboración, tomas de fábricas, etc. Capítulo aparte merecería la crónica de las disidencias dentro de la CGT y dentro del seno de las 62 Organizaciones, definida ésta como brazo político del movimiento obrero. En el periodo 1973-1976 hubo vicisitudes y enfrentamientos fluidos cuyo relato escapa al marco de este trabajo. Sólo diremos como colofón, que ese ajetreo desgastante es demostrativo de que las organizaciones gremiales deben dedicarse a su labor específica de defensa y promoción de la clase laboriosa en sus múltiples aspectos, dejando la política en manos de los organismos naturales, es decir, los partidos políticos, sin perjuicio de admitir que es lógico que dichos entes gremiales, como cualquier grupo social o ciudadano, peticionen a las autoridades políticas que correspondan en defensa de los intereses de la clase laboriosa 1128 bis.

La política exterior

En el discurso del presidente Cámpora en el Congreso el 25 de mayo de 1973, reiteró la postura latinoamericanista y la ubicación de Argentina en una «tercera posición» que había sostenido el justicialismo entre 1946 y 1955. Esta vez se intentó acentuar esta línea estableciendo relaciones diplomáticas con países africanos con los que no las teníamos (Libia, Túnez, etc.). El paso siguiente se dio durante el interinato de Lastiri ingresando al llamado Movimiento de Países No Alineados, que nucleaba a pueblos cuya nota característica era el subdesarrollo. La adhesión argentina, por decisión del propio Perón, no significaba ninguna opción ideológica, pues muchos de esos pueblos tenían regímenes socialistas.

No obstante, se celebraron convenios comerciales con diversos países de la órbita comunista: la propia Unión Soviética, Polonia, Rumania, Hungría, Checoslovaquia. El tratado con la primera, de 1974, fue trascendente, pues transformó a ésta en la más importante compradora de productos primarios de Argentina. Nuestras exportaciones a los países del área comunista, que en 1972 llegaban a los 60 millones de dólares, en 1975 trepaban a los 475 millones de dólares. Ciertos sectores de derecha criticaron esta apertura, actitud que no compartimos, pues si las potencias occidentales comerciaban con el área soviética, ¿qué razón de peso existía para que no se aprovechara potenciar nuestro sector extremo intensificando esa generación de divisas?

Respecto de Latinoamérica, se restablecieron las relaciones diplomáticas con Cuba, sin dejar el propio Perón de catalogar al régimen de Fidel Castro como «un sistema diferente al nuestro». Al país caribeño se le abrió un crédito que llegó a los mil millones de dólares para la compra de productos argentinos.

Cuando los cancilleres de todos los países americanos, con la excepción de los de Canadá y Cuba, se reunieron en Tlatelolco, Méjico, en febrero de 1974, los Estados Unidos buscaron el apoyo latinoamericano frente al bloque soviético, en los campos político y militar. Pero Argentina, junto con Méjico, Perú, Panamá y Venezuela, sustentaron la posición que la seguridad americana no debía pasar solamente por ese meridiano, sino también por el plano económico. Cuando las negociaciones se reanudaron en abril en Washington, como Estados Unidos había puesto fuera de todo trato económico preferencial a Venezuela y Ecuador, por pertenecer éstas a la Organización de Estados Productores de Petróleo (OPEP), esos países no mandaron representantes, lo que contribuyó a hacer fracasar ese nuevo encuentro, pues un buen sector de naciones se solidarizó con la actitud de los dos pueblos hermanos.

En la III Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Lima en 1973, Argentina sostuvo la tesis que debían respetarse las distintas filosofías que orientaban las políticas internas de todas y cada una de las repúblicas americanas, en obvia y especial referencia a Cuba, sosteniendo asimismo que debía modificarse el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) firmado en Río de Janeiro en 1947 y del que ya hicimos referencia en el capítulo XI. Esta última iniciativa se concretó parcialmente en la reunión de San José de Costa Rica en julio de 1975.

En noviembre de 1973 se firmó el Tratado del Río de la Plata con Uruguay, que resolvía definitivamente el problema de jurisdicción en el Río de la Plata con la República hermana, adoptándose más que un límite un estatuto para el uso de las aguas, estableciéndose que el ámbito privativo de cada país tendría de dos a siete millas de ancho a contar desde la costa correspondiente según las zonas. Argentina hizo concesiones en materia de espacios marítimos y plataforma continental al este de una línea imaginaria que corre desde Punta del Este en Uruguay hasta Punta Rasa del cabo San Antonio en Argentina, cosa que algunos autores han criticado. Uruguay reconoció la jurisdicción argentina sobre la isla de Martín García. Como Argentina construyó los canales en las aguas «de uso común» del río, se pactó que ella los administraría.

Por el Tratado de Yacyretá, Argentina y Paraguay, en diciembre de 1973, se pusieron de acuerdo definitivamente, porque hubo precedentes desde 1926, para la explotación hidroeléctrica del río Paraná en la zona de la isla de Yacyretá. La presa que se construiría sería condominio de ambos países. El doctor Luder, en el Senado, señaló que ella sería la fuente de energía más poderosa que tendría la República 1129. Se impulsó Salto Grande y el trascendente proyecto del Paraná Medio, obra de futuro, de envergadura formidable.