Las causas

Hemos dicho que en 1954 el justicialismo parecía haberse consolidado plenamente en el poder que detentaba, quizás podría decirse que para desventura de Perón, en demasía, pues la hegemonía que ejercía, pudo llevarlo a pensar que cualquier actitud o medida que tomase, contaría con el aval o la aceptación de la gran mayoría que había votado la vicepresidencia de Teisaire, en ese mismo año, y con el asenso de los factores de poder que lo habían venido sustentando. Y esto, quedó demostrado por los hechos, resultaría un grave error.

El conflicto que se suscitara a partir de fines de 1954 con la Iglesia Católica, puede admitirse, no fue la única causa de la caída del régimen. Este se había endurecido en su ejercicio casi irrestricto del poder, y ya se sabe que la limitación de las libertades públicas que todo autoritarismo lleva consigo, genera resistencias imprevisibles, que tarde o temprano estallan de una u otra manera. Lo que no se avizoraba en 1954, es que ese estallido estuviera próximo. Sin lugar a dudas la causa próxima de la rebelión de 1955, fue esa lamentable divergencia entre el poder político y el poder espiritual, de características tan impensadas 1057.

Las relaciones entre la Iglesia y el gobierno peronista se habían desarrollado hasta 1954 en forma normal, a pesar de ciertos roces, comunes a cualquier tipo de relaciones humanas. Entre esas diferencias mencionaremos a algunas.

El presidente mantenía un distanciamiento con el cardenal primado, monseñor Santiago L. Copello 1058, y con el nuncio, monseñor José Fietta, porque atribuía a estos la negativa del Vaticano a conferir a Eva Perón la más alta condecoración pontificia, la Rosa de Oro. El enfrentamiento con el cardenal primado se manifestó, entre otros casos, cuando el ministro de Salud Pública, Ramón Carrillo, intentó en 1948 abrir las casas de prostitución, con el apoyo presidencial, iniciativa que finalmente no se llevó a cabo. El presidente, molesto con este episodio, ordenó en 1949 la prohibición de celebrar procesiones religiosas por las calles de Buenos Aires, medida que luego dejó sin efecto adjudicándola a la existencia de un error.

En 1950, se produjo la devolución de la personería jurídica a una secta espiritista que realizó un acto en el Luna Park, usando la divisa «Jesús no es Dios». La manifestación, que contó con la adhesión de Perón y de su esposa por medio de un telegrama, fue interrumpida por la presencia tumultuosa de numerosos católicos mezclados con la concurrencia. Con motivo de la celebración del V Congreso Encáustico Nacional en Rosario, Perón no concurrió a recibir al enviado del Papa, cardenal Ernesto Rufini, y estuvo dispuesto a no concurrir a las ceremonias de ese evento. Allegados le hicieron rever su decisión, y en el acto final, el presidente leyó una oración.

En 1953, los contactos con la Iglesia parecían ser normales, pues en noviembre, Perón fue padrino de la coronación de la Virgen de Lujan como patrona de la Argentina. Con ese motivo, en la Plaza de Mayo recitó una oración puesto de rodillas. Sin embargo, en la segunda parte del año siguiente las relaciones desmejoraron notoriamente, por dos motivos. Por una parte, al gobierno le preocupaba la formación del partido demócrata cristiano en Rosario (julio de 1954). Otro hecho contribuyó enormemente a enturbiar las aguas: el 21 de septiembre, la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), agrupación de índole peronista, organizó en Córdoba festejos con una asistencia de diez mil jóvenes, cifra que contrastó con los ochenta mil que lograron reunir los jóvenes de Acción Católica en idéntica celebración. Ese día, en la sede porteña de la UES, también hubo festejos, con excesos, que provocaron la renuncia del ministro de Educación, Armando Méndez San Martín, ante la reprimenda de Perón. Aquél arguyó a éste que le habían mentido, que las versiones alarmistas habían sido difundidas por miembros de la Acción Católica, y que también proliferaban rumores sobre el comportamiento del presidente en ciertas reuniones íntimas. Parece que Perón no pudo tolerar que circularan estas especies. Esta circunstancia colmó la medida que faltaba, para comprometer a Perón en una campaña contra la Iglesia. Le devolvió la renuncia al ministro, y la primera medida tomada, fue el retiro de la personería jurídica a las asociaciones constituidas sobre la base de una religión, creencia, nacionalidad, raza o sexo 1059.

En una reunión con los gobernadores efectuada el 10 de noviembre, los ataques de Perón a la Acción Católica, al clero y a algunos pastores, produjo la ruptura definitiva con la Iglesia. Como corolario, el país asistió estupefacto a los siguientes actos de hostilidad contra ella: supresión de la Dirección General y de la Inspección General de Enseñanza Religiosa, impedimento por ley de la realización de manifestaciones públicas de carácter religioso, ley de divorcio vincular, decreto autorizando la apertura de los prostíbulos, supresión de festividades religiosas, derogación de la enseñanza religiosa, derogación de la exención de impuestos a las instituciones religiosas, derogación de los aportes estatales a las escuelas privadas católicas, propuesta de reforma constitucional a los efectos de separar la Iglesia del Estado, cierre del diario católico «El Pueblo».

A pesar de las prohibiciones, los católicos contestaron con concentraciones como la del 8 de diciembre en Plaza de Mayo al clausurarse el segundo Congreso Mariano, o como la procesión de Corpus Christi del 11 de junio de 1955, que reunió una multitud impresionante, no solamente de católicos militantes, sino de buena parte de la oposición política. El gobierno consideró el acto como un desafío y resolvió contestar con un acto reprobable, al disolverse la procesión, hacer quemar la bandera argentina que ondeaba en el edificio del Congreso, para colocar en su reemplazo una bandera del Vaticano, y luego disponer actos de desagravio a la bandera «incendiada por los católicos»1060. Las sedes de la Acción Católica fueron atacadas y sus dirigentes perseguidos y detenidos. Durante la tarde del 12 de junio se intentó asaltar la Catedral, y los jóvenes católicos que acudieron para defenderla fueron encarcelados. El obispo auxiliar, monseñor Manuel Tato, y el canónigo Ramón Novoa, acusados de haber promovido tumultos, fueron expatriados. Pío XII excomulgó a los participantes en este atropello.

Mientras tanto, en los últimos meses, una nube de panfletos inundó al país; fue la manera con que los católicos, imposibilitados de informar sobre los verdaderos objetivos procurados por el gobierno en su acción persecutoria, por carecer de medios de comunicación permitidos, se ponían en contacto con la opinión pública. Esta original manera de divulgación mucho tuvo que ver con la formación del clima revolucionario.

En realidad, en los últimos años el régimen peronista se había venido desprestigiando: la eclosión del caso Juan Duarte, la sospecha de que menudeaban los enriquecimientos ilícitos, las restricciones a las libertades públicas, la cuestión petrolífera vinculada con el contrato con la California. Pero este choque con la Iglesia, con la consiguiente suma de conspiradores, animó a quienes venían complotándose para derrocar al peronismo desde el abortado golpe de 1951.

Los hechos revolucionarios

Figuras militares, especialmente marinos, y civiles, bajo la jefatura del contralmirante Samuel Toranzo Calderón, decidieron que el estallido se produjese en la madrugada del 16 de junio. El plan consistía en el bombardeo de la Casa Rosada y la toma de la misma por civiles e infantes de marina. Luego actuaría la III División de Ejército al mando del general León Bengoa.

Llegado el día, Bengoa no pudo viajar a Paraná para sublevar esa División, y la Escuela de Mecánica de la Armada fue copada por fuerzas del ejército, leal al gobierno. Como amaneció nublado, recién al mediodía comenzó a producirse el bombardeo sobre la zona de la Casa Rosada. Perón pudo escapar a sus efectos mortíferos porque, avisado del conato revolucionario, se refugió en la Secretaría de Ejército, pero muchas vidas cayeron inmoladas en la Plaza de Mayo. La infantería de marina atacó la casa de gobierno, pero fue rechazada, y la rebelión quedó sofocada.

Esa misma tarde fueron encarcelados más de cien sacerdotes, y bandas de incendiarios asaltaron, profanaron y prendieron fuego a ocho iglesias, entre las que debemos mencionarlas de San Francisco, Santo Domingo y San Ignacio, y el Palacio Arzobispal; en éste destruyeron archivos que contenían documentos irreemplazables de nuestro pasado, lo mismo que numerosas obras de arte 1061. Inmediatamente después de estos sucesos, Perón reunió a dirigentes sindicales manifestándoles que la unión del gobierno, el pueblo y el ejército, había conseguido terminar con la asonada. En realidad, en el régimen se habían producido grietas profundas, pues muchos de los prosélitos del presidente sintieron que su lealtad se desmoronaba, e incluso una buena cantidad entró a conspirar. La quema de la bandera, que indignó a muchos militares, fue adjudicada a la policía, y el máximo responsable de ésta, el ministro del interior ángel Borlenghi, tuvo que renunciar cuando el jefe de policía, inspector Gamboa, manifestó que la quema había sido ordenada por el ministro 1062.

El 5 de julio, Perón solicitó una tregua en la lucha política, y hubo cambios ministeriales. El 16 de julio, anunció que la revolución peronista había terminado y que se iniciaba una nueva etapa que denominó constitucional. La radio fue facilitada a los partidos políticos, y Arturo Frondizi, Vicente Solano Lima y Luciano Molinas hicieron uso de ella, reclamando en general el establecimiento de un clima de libertad. Se intentó además dar marcha atrás en la hostilidad hacia la Iglesia, para lo que el gobierno entabló conversaciones con dignidades eclesiásticas.

Pero la conspiración continuaba. La ola de rumores y panfletos era impresionante. La policía era objeto de agresiones nocturnas, y a mediados de agosto fuentes policiales denunciaron el descubrimiento de un complot cuyo objetivo era asesinar al presidente, siendo detenidas numerosas personas. Entonces Perón anunció su renuncia, y en el acto del 31 de agosto, organizado por sus fuerzas adictas para solicitarle el retiro de la misma, manifestó que la oposición rechazaba con sus actos provocativos la paz y conciliación que había ofrecido; como corolario pronunció estas tremendas palabras: «La consigna para todo peronista, esté aislado o dentro de la organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de ellos»1063. Según testigos presenciales, el propio Perón fue el primero en darse cuenta del grave error que había cometido pronunciando tan cáustico discurso.

Los conspiradores quedaron convencidos que el único camino que les quedaba era el de la rebelión. El diario «La Prensa» vocero de la CGT, anunció la formación de milicias obreras, y esto fue factor para que militares indecisos optaran por acompañar la revolución 1064.

El jefe de la trama era el general Pedro E. Aramburu. La marina, que prácticamente en su totalidad estaba resuelta a levantarse bajo la conducción del almirante Isaac F. Rojas, aceptó la jefatura de Aramburu, pero éste decidió postergar el estallido cuando el general Dalmiro Videla Balaguer, que encabezaba una confabulación en Córdoba, fue descubierto.

El general Eduardo Lonardi, que en agosto de ese año 1955 se había plegado a los planes revolucionarios, decidió tomar la jefatura de la sublevación que Aramburu había postergado 1065. El 16 de septiembre, estalló el movimiento en Córdoba bajo el santo y seña «Dios es justo». Lonardi se hizo fuerte en la Escuela de Artillería, rindiéndose a posteriori la Escuela de Infantería y la Escuela de Tropas Aerotransportadas. Luego se sublevaron las escuelas de Aviación y de Suboficiales de la Aeronáutica, transformándose Córdoba en epicentro de la revolución. También se pronunció Mendoza, bajo el comando del general Julio A. Lagos. Por su parte, pronunciada en su totalidad, la marina, dominó la base naval de Puerto Belgrano y la ciudad de Bahía Blanca. La guarnición de Curuzú Cuatiá se sublevó, y tardíamente, Aramburu se decidió a operar desde ella. Cuando arribaba, se enteró que la plaza había sido retomada por fuerzas leales, y entonces debió huir.

El gobierno reaccionó disponiendo que varios cuerpos de ejército confluyeran sobre Córdoba. Pero en San Luis, San Juan y La Rioja, distintos regimientos se plegaron a la revolución, mientras la marina, que ya había bombardeado los depósitos de combustibles de Mar del Plata, anunciaba su propósito de hacerlo con las destilerías de La Plata y Buenos Aires (19 de septiembre). Entonces Perón anunció su propósito de renunciar si ello era indispensable para el logro de la paz, manifestando que no quería más derramamiento de sangre.

Una Junta Militar, constituida en Buenos Aires, analizó la nota del presidente que parecía significar su renuncia, y la consideró como tal, pero Perón afirmó que no había dimitido, en realidad, solamente habría ofertado su separación para usarla en las negociaciones con el comando revolucionario. Lonardi, por su parte, exigió perentoriamente esa separación como condición para aceptar una tregua. El general Francisco Imaz y otros oficiales armados, irrumpieron en las sesiones de la Junta Militar, y exigieron la aceptación de la virtual dimisión de Perón, cosa a la que se accedió cuando las fuerzas represivas aun podían actuar sobre los centros revolucionarios de Córdoba y Mendoza.

En una conferencia con generales leales al gobierno, Lonardi se comprometió a que en el período post-revolucionario no habría vencedores ni vencidos, logrando así disuadir a esos jefes de la continuación de la tarea represiva. La Junta Militar finalmente capituló. Perón se asiló en la embajada paraguaya y desde allí tomó el camino del exilio hacia Asunción.

Gestión de Lonardi

El 20 de septiembre Lonardi asumió en Córdoba la presidencia provisional de la República. El 23 de septiembre el jefe revolucionario se hacía cargo del poder en Buenos Aires, y frente a una multitud que colmaba la Plaza de Mayo, sintetizó su programa de gobierno con la frase «imperio del derecho», prometió que no habría vencedores ni vencidos, agregando que bregaría por un arreglo del diferendo con la Iglesia, que los sindicatos serían libres y que las legítimas conquistas serían mantenidas y superadas. Rojas asumió como vicepresidente. Así se abre el corto período de gobierno del general Eduardo Lonardi, una de las figuras más nobles de la Argentina contemporánea.

El nuevo presidente se encontró ante una Argentina dividida entre los que, por un lado, embriagados por la victoria, aspiraban a tomarse lo que consideraban una justa revancha, pero que en el fondo era egoísmo torpe, y los que, por el otro lado, gemían por la extinción de una experiencia política que los había mejorado materialmente y dignificado. Ante tal cuadro, generosamente, Lonardi levantó la bandera del «Ni vencedores ni vencidos», tendiente a unir a la familia argentina y cicatrizar heridas, que lamentablemente no fue seguida por la gran mayoría de los jefes revolucionarios.

El gobierno de Lonardi disolvió el Congreso, intervino todas las provincias y las universidades, dio por finalizadas las funciones de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, declaró en comisión a todos los jueces, y puso en funcionamiento una Comisión Nacional de Investigaciones, cuya misión era detectar los enriquecimientos ilícitos que pudieran haberse cometido en los últimos años. Hasta aquí era hasta cierto punto lógico el proceder de una gestión, que venía a restablecer el imperio del derecho y que era revolucionaria.

Pero las prevenciones de los revanchistas exigían desmantelar la CGT, disolver el partido peronista, perseguir a los derrotados; la voz de orden de esta tendencia era desperonizarlo todo, no dejar rastros de la obra justicialista, aun de lo positivo que pudiera haberse hecho. Lonardi, despojado su espíritu de odio, no aceptó esta tesitura, fiel a la palabra que había empeñado. Ello le creó fuertes resistencias dentro de sectores del ejército, especialmente en el seno de la marina, y en un organismo asesor del gobierno provisional, la Junta Consultiva, donde estaban representados todos los partidos políticos, con excepción del peronismo: radicalismo, socialismo, conservadorismo, democracia progresista, democristianos. En esta Junta, salvo los representantes de la Unión Federal Demócrata Cristiana, sus demás integrantes eran partidarios de una política dura respecto del peronismo.

La renuencia firme de Lonardi a aceptar presiones revanchistas, cuyo principal objetivo era hacer tabla rasa con la organización de los trabajadores, y a admitir cogobernar con una junta militar, llevó a grupos castrenses a relevarlo el 13 de noviembre de ese año 1955, sin que el jefe de la revolución hubiese formalizado su renuncia 1066.

Gobierno de Aramburu

En lugar de Lonardi fue designado por esos grupos el general Pedro Eugenio Aramburu. La CGT fue intervenida, muchos dirigentes peronistas fueron a la cárcel, iniciándose así una política persecutoria de todo lo que estuviera vinculado con el justicialismo.

Esta decisión de los grupos duros dentro de las fuerzas armadas, que fue acompañada por casi todo el espectro de la dirigencia política, esta determinación de que en el proceso post-revolucionario hubiese efectivamente vencedores y vencidos, es uno de los errores políticos más graves cometidos entre nosotros durante el siglo XX. De él se derivarían, una división más tajante aun, entre la Argentina peronista y la Argentina antiperonista, una secuela de odios difíciles de extinguir y abundante derramamiento de sangre; pero también una lección de la historia, esa maestra de la vida, que es de esperar que los argentinos aprendamos integralmente: que la venganza nunca es solución; por el contrario, lejos de dilucidar problemas, crea otros más difíciles de resolver. La larga inestabilidad política nacional de las décadas que siguieron, mucho tiene que ver con esta actitud revanchista.

Durante el gobierno de Aramburu menudeó la política represiva con detención de ex-legisladores, ex-funcionarios, sindicalistas, dirigentes políticos y militares adictos al régimen caído, quienes fueron confinados en lugares remotos del sur del país. Se disolvieron el partido peronista y la Fundación «Eva Perón», se clausuraron periódicos filo-peronistas; se declaró la interdicción de personas y empresas que por ende no pudieron comerciar sus bienes hasta tanto demostraran un origen legal de los mismos; se prohibió el uso de símbolos, denominaciones y canciones que hicieran alusión al peronismo, y hasta se hizo desaparecer el cadáver de Eva Perón por largo tiempo. A la actitud autoritaria del peronismo, especialmente de la última etapa, se contestó con otra tesitura autoritaria, por más que a ésta se la llamara liberal y democrática 1067.

Mientras tanto, los viejos partidos de la Unión Democrática, vivían la euforia de su ahora privilegiada posición en relación con el peronismo. Pero los problemas internos surgieron impelidos por las apetencias electoralistas. Radicales, conservadores y socialistas se dividieron. El ingeniero álvaro Alsogaray fundaba el partido Cívico Independiente, de tendencia neoliberal. En cuanto al partido peronista, que estaba disuelto, sólo se contaban sus votos como posible botín de las demás fuerzas políticas, que, en general, se lanzaron sin rubor a su conquista.

El suceso más lamentable en el plano político, aconteció con motivo de un levantamiento peronista liderado por militares retirados de esta filiación, que estalló en La Plata, Santa Rosa de Toay, Buenos Aires y Rosario, el 9 de junio de 1956. Aplastado el movimiento, fueron fusilados dieciocho militares y nueve civiles implicados, entre ellos el jefe del movimiento, general Juan José Valle. La República volvió a ser escenario de medidas represivas de delitos políticos, de grueso calibre, que habían sido abandonadas hacía cerca de un siglo. Los frutos fueron amargos: resentimiento y sed de venganza en muchos de los correligionarios de las innecesarias víctimas. Félix Luna expresa: «En la década anterior se había detenido arbitrariamente a ciudadanos, se había torturado y vulnerado la libertad de expresión en nombre de la Justicia Social: ahora se fusilaba en nombre de la Libertad...»1068.

En el campo gremial, las huelgas menudearon; ya se ha dicho que los dirigentes sindicales peronistas fueron perseguidos y encarcelados en buena cantidad. A pesar de las maniobras de la izquierda, sin embargo la dirigencia gremial justicialista conservó el control de la mayoría de los gremios. En 1957 el movimiento obrero se encontraba dividido entre los 32 gremios democráticos, dirigidos por socialistas, radicales e independientes, y las mayoritarias 62 organizaciones de conducción peronista. Debe puntualizarse, que las conquistas obtenidas por la clase obrera durante la gestión justicialista, fueron en general respetadas en este período 1069.

En las universidades, la persecución respecto de los docentes que habían actuado durante las dos presidencias de Perón, fue implacable. Fueron sustituidos prácticamente en su totalidad, y durante largos años se los inhibió para presentarse a los concursos abiertos para proveer las distintas cátedras.

Las políticas económicas instrumentadas durante el periodo de la Revolución libertadora (20 de diciembre de 1955 al 1 de mayo de 1958), llevaron a una redistribución de la renta nacional que favoreció a los sectores más perjudicados por la política peronista que eran los más encumbrados.

Se ingresó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, se disolvió el IAPI, aunque sin liberarse del todo el comercio internacional, se privatizaron los depósitos bancarios, se pusieron nuevamente en actividad la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos, buscando la regulación de la producción respectiva.

Se volvió al comercio multilateral, abandonando el bilateralismo, mediante nuestro ingreso a la Unión Europea de Pagos formalizado en una reunión con nuestros acreedores, en el llamado Club de París. Los controles de precios fueron suavizados. Se buscó en la expansión de nuestras exportaciones y en la venida de capitales extranjeros, un mejoramiento de la balanza de pagos. Continuó rigiendo el control de cambios y se produjo una devaluación del peso que deterioró el salario real, lo que impuso un ajuste masivo de los salarios del 40% a fines de 1956. No obstante, la participación del sector asalariado en la renta nacional bajó del 47 al 42 por ciento, entre 1955 y 1957.

El producto bruto creció moderadamente entre 1957 y 1958, pero la inversión disminuyó. Algunos hechos especialmente positivos se dieron durante esta gestión: en 1957 se inauguró la súper usina de San Nicolás destinada a proveer de energía al gran Buenos Aires; en abril de 1956 salía de la Kaiser el primer automóvil; en Zárate comenzaba la producción de poliestireno; se construyó el oleoducto entre Campo Durán y San Lorenzo. Se intentó el mejoramiento de la red caminera, que fue uno de los descuidos de la administración peronista. Una nota negativa la dio el régimen de exenciones aduaneras para la Patagonia, lo que permitió un intenso contrabando 1070.