Sumario: Coexistencia de la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Cepeda. Pacto de San José de Flores.

Urquiza, que había asumido como presidente constitucional de la Confederación en marzo de 1854, no pudo gobernar todo el territorio de la República durante su período. Su poder llegó hasta el arroyo del Medio, pues la provincia de Buenos Aires se manejó con independencia del resto de la Confederación. Las autoridades de ésta residieron en Paraná, aunque se federalizó toda la provincia de Entre Ríos, aparentemente porque Urquiza no toleró que nadie gobernara su feudo.

Buenos Aires, que en julio de 1853 designara como gobernador provisorio a Pastor Obligado, se manejó como un Estado soberano, con administración, ejército, tesoro y diplomacia propios. Sólo le faltaba una Constitución que reglara su vida política, y esto lo obtuvo en abril de 1854. Por ella, se atribuyó casi la mitad del territorio argentino como jurisdicción propia, pues incluía dentro de sus límites la actual provincia de La Pampa y toda la Patagonia. Su disposición más importante, el artículo 1º, adjudicaba a la Provincia soberanía exterior e interior, hasta tanto no la delegara en un gobierno federal.

Con la sanción de esta carta. Buenos Aires, que por ella se autotitulaba «Estado», en los hechos proclamaba prácticamente su independencia, aunque afirmara que no era su propósito segregarse. El país estaba ante una nueva posible amputación, circunstancia ésta que, al parecer, el mismo Mitre temió; por ello se opuso a la redacción del artículo mencionado 374.

Mientras tanto acontecen hechos bélicos. Hilario Lagos, a pesar de su primer fracaso375, y Jerónimo Costa, incursionan en la provincia de Buenos Aires. Derrotados en El Tala por el general Hornos, se retiran. Esto ocurre en noviembre de 1854. Se duda que detrás de Lagos y Costa estuviera Urquiza, pero existía una conjura, al menos de hecho, entre Paraná, dirigentes federales expatriados en Rosario, Gualeguay y Montevideo, como Antonio Reyes, y adictos federales de la campaña y ciudad de Buenos Aires, contra los autores del movimiento del 11 de septiembre de 1852.

La posibilidad de un grave y decisivo enfrentamiento entre la Confederación y el ahora Estado de Buenos Aires, fue aventado por la intervención de Daniel Gowland y José María Cullen, que representaban a intereses comerciales afectados. Apoyados por el vicecónsul inglés Parish, lograron la firma de un armisticio o «statu quo» entre ambos Estados, el 20 de diciembre de 1854, por el cual: 1) Interrumpían los preparativos militares que se hacían por ambos lados, y continuaban las actividades comerciales normalmente; 2) Dejarían la provincia de Santa Fe, por dos años, los jefes y oficiales que habían protagonizado la invasión de Lagos y Costa, conjuntamente con los civiles que la apoyaron; 3) Se proponían zanjar en el futuro sus diferencias por medios amistosos y pacíficos.

En virtud de la última cláusula, el Estado de Buenos Aires y la Confederación, en Paraná, el 8 de enero de 1855, firmaron un tratado conocido como «de convivencia», por el cual acordaron: 1) Ambos firmantes manifestaron que se aliarían en caso de ataque exterior, y que no admitirían cercenamientos del territorio que denominaban nacional; 2) Lo mismo harían en caso de que se produjeran malones de indios; 3) El estado de secesión interina en que se hallaban, declararon, no alteraría las leyes generales de la Nación en materia de procedimientos judiciales; 4) Los buques mercantes de ambos contratantes usarían la bandera nacional, podrían arribar libremente a los puertos de uno y otro Estado, y no pagarían derechos diferenciales; 5) No habría aduanas entre la Confederación y Buenos Aires, ni dificultades para el correo y el tránsito de pasajeros.

Poco duraría la vigencia de este Tratado de convivencia. A fines de 1855, el general José María Flores invadió la provincia de Buenos Aires; Mitre le salió al encuentro, utilizando para ello, entre otras, una división de indios, con las que penetró en territorio santafesino.

Un grupo de federales, al mando del general Jerónimo Costa, emigrados de Buenos Aires, en connivencia con la operación fallida de Flores, preparaba desde la costa uruguaya una invasión. Desembarcada la expedición en Zárate, Mitre y Conesa la coparon y deshicieron el cuerpo compuesto por 140 hombres, fusilando a casi todos los prisioneros, sin distinción de jerarquías, inclusive al general Costa, que dieciocho años atrás se había batido bizarramente contra los franceses, defendiendo la soberanía argentina sobre la isla Martín García.

Este hecho conocido con el nombre de matanza de Villamayor, se produjo a pesar de haberse abolido desde 1852 la pena de muerte por causas políticas. Tan poco edificante acontecimiento era saludado con alborozo por Sarmiento desde la prensa porteña376, y por su deplorable actuación, Mitre se hizo acreedor a un banquete en el Club del Progreso377. Las relaciones entre la Confederación y Buenos Aires quedaron tan tirantes que el gobierno de la primera denunció el «statu quo» de 1854 y el Tratado de 1855.

La élite porteña comenzó a dar muestras de impaciencia dada la imposibilidad transitoria de eliminar a Urquiza del escenario político nacional. La postergación que sufrían las pretensiones de imponer su hegemonía sobre el resto del país, la llevó a caer en actitudes reprochables. Fue así cómo en un artículo aparecido el 9 de diciembre de 1856 en «El Nacional», diario dirigido por Sarmiento, el entonces coronel Mitre proponía segregar a Buenos Aires y formar con ella un ente independiente, «la República del Plata»: «Constitúyase Buenos Aires en nación, proclamando para el futuro el principio de la libre nación»378, decía Mitre. Y Sarmiento, que comentaba el escrito, así se expresaba: «La República del Plata. ¿Cuál es esa misteriosa revelación? Es un secreto a voces, es un hecho que todo lo ilumina como el sol y que, por lo mismo, nadie se ha detenido a contemplar: es la nacionalización del Estado de Buenos Aires, es la República del Río de la Plata con la antigua bandera de la República Argentina»379. Mitre lo volvió a proponer en el diario «Los Debates», el 9 de julio de 1857. Triste situación que debemos computar como una de las desgraciadas secuelas de Caseros.

Las circunstancias empeoraron más aún, cuando fue elegido gobernador de Buenos Aires, en mayo de 1857, el duro ex-unitario rivadaviano Valentín Alsina, después de un proceso electoral bochornoso. Los «progresistas» o «pandilleros» de Mitre, Sarmiento, Vélez Sarsfield, Rufino de Elizalde, etc., le hicieron un fraude escandaloso a los «conservadores» o «chupandinos» de Félix Frías, Irineo Portela, Carlos Tejedor, Miguel Navarro Viola, etc. 380.

Y mientras sucedían estos acontecimientos en el orden político, ¿qué pasaba en el campo económico financiero? Buenos Aires permitió la salida del oro y la plata, con lo que comenzó a escasear el metálico y el peso papel se desvalorizó notoriamente. El metal acumulado durante quince años salió del país absorbido por el comercio exterior. También estableció el librecambio en 1853, a pesar de que en la Legislatura provincial el diputado Estévez Seguí advirtiera: «Este país ha sido primero pastor, y después agricultor y juntamente fabril. Sería conveniente la colmada aplicación de los principios, y no destruir enteramente lo uno por participar en lo otro»; tesitura a la que adhirieron el propio Valentín Alsina y el ministro de hacienda Juan Bautista Peña. El ingeniero Carlos Enrique Pellegrini volcaba su prédica proteccionista en las páginas de la «Revista del Plata». Pero todo fue en vano, con el grave detrimento del artesanado, que es de presumir.

Como la aduana recaudaba ingentes sumas que se invertían exclusivamente en el Estado de Buenos Aires, la situación financiera de éste fue próspera, a pesar de que se erogaban fuertes cantidades en la compra de armamentos en previsión de una guerra con la Confederación. Se reanudó el pago del empréstito Baring con el objeto de hacerse simpáticos a Inglaterra; inauguraron el primer ferrocarril argentino en 1857, que llegaba a San José de Flores; se construyó un muelle de pasajeros en el puerto y el edificio de la aduana, y se le comenzó a dar aguas corrientes y gas a la ciudad.

Urquiza, mientras tanto, en la Confederación, seguía contrayendo empréstitos con el exterior al no contar con los recursos que a Buenos Aires le proporcionaba su aduana. Gondra califica como «extraña operación de crédito», la que aquél realizó en 1853 con José Buschental, banquero alsaciano, un aventurero de pocos escrúpulos morales. La Confederación emitía 300.000 pesos fuertes en billetes al portador, que Buschental tomaba al 75% y 1% de interés mensual. Los billetes serían admitidos en las aduanas de la Confederación por su valor escrito. En una palabra: quien poseyera esos billetes pagaría por sus importaciones en la Confederación, $75 fuertes por cada $100 fuertes que le correspondiera pagar en concepto de derechos aduaneros. Una operación, para su época, netamente usuaria 381.

Se intentó recurrir al expediente de Buenos Aires, creando un banco emisor de papel moneda, cosa que se realizó según vimos en el capítulo anterior, a fines de 1853. El nuevo instituto bancario, denominado de la Confederación Argentina, tenía un capital de 2 millones de pesos fuertes y podía llegar a emitir hasta 4 millones. Pero las emisiones de esta entidad no fueron aceptadas ni utilizadas por los habitantes de la Confederación 382. El papel moneda se utilizó para pagar deudas impositivas atrasadas, estableciéndose una diferencia muy marcada entre la cotización del mismo y la de la moneda metálica. El fracaso de la experiencia fue completo, teniendo la Confederación que retirar el papel moneda de la circulación 383. En el caso de Buenos Aires las emisiones estaban avaladas por las entradas aduaneras, mientras que las de la confederación no tenían ese respaldo 384.

El derrumbe de la iniciativa oficial, le hizo optar a Urquiza por conceder a un particular la fundación de una casa bancaria. Recurrió al Barón de Mauá, famoso capitalista brasileño que ya poseía un banco en Montevideo y que había jugado un papel financiero de relevancia en el proceso de la caída de Rosas 385.

En 1857 se decidió la instalación de una sucursal del Banco Mauá en Rosario; tendría un capital de 800.000 pesos que podía ser aumentado a 2.000.000; estaba facultado para emitir billetes convertibles hasta el triple del encaje efectivo, gozaba de exención impositiva total, monopolio bancario absoluto por 15 años, y por ende facultad excluyente para conceder créditos, pudiendo acuñar monedas metálicas y establecer sucursales. Hansen considera que éstos derechos eran exorbitantes 386. El Banco fue otro fracaso para la Confederación, pues su dinero fue absorbido por la plaza de Buenos Aires que podía pagar mejores intereses por él.

La situación mientras tanto hace crisis. Los presupuestos de Urquiza dan déficit y sigue apelando al crédito. El catalán Esteban Rams y Rubert le facilitó $250.000 plata boliviana a cambio de $300.000 en bonos 387. Lanzando bonos y billetes de tesorería dotados de intereses usuarios no se hacía sino empeorar la situación financiera de la Confederación.

Por otra parte, los gastos militares absorbían el 40% de las entradas del presupuesto 388.

Hubo cosas aun más graves. Coetáneamente con la fundación del Banco Mauá en Rosario, Brasil otorgó un préstamo de 300.000 patacones más, que se sumaban a los 400.000 ya otorgados con motivo de la coalición que urdió la caída del Dictador. A cambio de este nuevo préstamo, el emisario brasileño José María de Silva Paranhos, obtuvo para su país varias concesiones. En primer término, la más contundente libertad de navegación de los ríos argentinos, incluso por buques de guerra brasileños. Luego se firmó un tratado de límites por el que la Confederación comprometía su soberanía sobre cuatro mil quinientas leguas de territorio misionero, según la denuncia del diputado cordobés Bouquet en el diario «El Imparcial». Finalmente se firmó un convenio de extradición, por el cual la Confederación se comprometía a devolver los esclavos brasileños que huyeran a nuestro país, con lo que se violaba flagrantemente el artículo 15º de la Constitución recién sancionada que abolía la esclavitud. Este compromiso, que nos transformaba en agentes de policía del Imperio para tan triste cometido, mereció del diputado mencionado estas palabras: «El tratado de límites nos despoja de una gran porción de territorio. El de extradición nos infama»389.

Urquiza había creído que los puertos ubicados a orillas de los río Paraná y Uruguay producirían en concepto de derechos aduaneros, lo necesario para sostener el erario; a este efecto se habían habilitado catorce puertos sobre el Paraná y cinco sobre el Uruguay. Mas lo real resultó ser que los buques de ultramar llegaron hasta ellos en ínfima proporción. Entonces, los diputados Lucero y Rueda, propusieron que se sancionara una ley, que luego se haría famosa con el nombre de ley de derechos diferenciales y cuyo principal sostenedor fue Alberdi.

Luego de dos años de debate se sancionó, pues el Congreso resistió mucho el proyecto. Corría el año 1856. Por ella, si los buques que traían mercaderías del exterior las descargaban directamente en puertos de la Confederación, pagarían menos derechos que si ellas se introducían después de haber pasado por la aduana de Buenos Aires. El objetivo perseguido resulta claro: se pretendía desviar hacia los puertos de la Confederación el tráfico comercial con el exterior, para elevar el monto de sus recaudaciones en desmedro del tesoro porteño.

El sistema no dio todos los resultados esperados; los puertos de la Confederación eran desconocidos para muchos de los marinos extranjeros o no tenían práctica en la navegación de nuestros ríos interiores. Además, las zonas de influencia de dichos puertos no presentaban posibilidades de consumo considerables; él comercio internacional estaba declinando debido a la crisis de 1857. Los buques de gran calado no podían navegar los ríos Paraná y Uruguay, que no estaban dragados convenientemente. Inglaterra vio con malos ojos esta ley, pues casi el total de los comerciantes británicos estaba en Buenos Aires 390.

La ley produjo efectos contrarios: paralizó el cabotaje, pues no se fue a buscar más el trasbordo de los productos desembarcados en el puerto de Buenos Aires con el objeto de introducirlos en la Confederación. El gobernador de la provincia disidente, Valentín Alsina, contestó a esta medida de hostilidad disponiendo que los frutos del interior no pudieran pasar por el puerto de Buenos Aires hacia el exterior. La guerra económica hizo encarecer los productos con perjuicio para los consumidores 391. Pero el puerto de Rosario comenzó a ver buques de ultramar y las entradas aduaneras aumentaron, siendo éste el comienzo de su creciente progreso 392. En 1859 la Confederación estableció derechos diferenciales también para la exportación.

El socorrido expediente de las emisiones de papel moneda y las entradas de su aduana, le permitieron a Buenos Aires proveerse del medio indispensable para enfrentar a Urquiza. éste recurrió nuevamente al crédito. Buschental compró un millón y medio de pesos fuertes en bonos al 75% y 1 y 1/2% de interés mensual, los que serían de recibo en las aduanas en pago de derechos. Poco después se emitieron bonos al 2% mensual. Pero no se pararía aquí, en 1859 se arrendaron las aduanas de la provincia de Santa Fe a Buschental, por dos años. El arrendatario debía pagar, por la aduana de Rosario $90.000 mensuales, y por las otras en proporción de su producto. Todos los empleados pasaron a depender del contratista 393.

Al endeudamiento financiero le sucedió un intento que podría haber costado muy caro a la integridad de la República. Durante su presidencia, Urquiza otorgó a Buschental una concesión para la construcción de un ferrocarril trasandino, cuya primera etapa uniría Rosario y Córdoba. El artículo 7º de la disposición que otorgaba la franquicia, rezaba así: «Si el gobierno inglés o francés quiere patrocinar la construcción de este camino, el gobierno está dispuesto a extender las cláusulas del tratado de libre navegación a toda la extensión del camino en el territorio argentino, y considerarlo como... una vía de comunicación internacional cuya protección pertenecerá a las fuerzas de todas las partes contratantes»394. Es decir, la República quedaría dividida en dos por el trazado del ferrocarril, cuya custodia policíaca habríamos de compartir con Francia o Inglaterra.

El argumento de que estas enormidades se justificaban por no haber capitales en la República, debe afrontar la contradicción de que el Estado de Buenos Aires estaba construyendo su ferrocarril hacia el oeste, inaugurado en 1857, con capitales totalmente nacionales. En efecto, los 6.900.000 pesos fuertes necesarios para la construcción fueron aportados por capitalistas argentinos 395.

La política internacional durante la presidencia de Urquiza fue un retroceso constante. Se ha visto que por su colaboración para derrocar a Rosas, Brasil obtuvo ventajas indudables. Recibió el apoyo del Encargado de las Relaciones Exteriores, para obligar al gobierno oriental de Giró a cumplir con los leoninos tratados del 12 de octubre de 1851, los que significaban avances territoriales del imperio con la consiguiente pérdida de nuestras Misiones Orientales.

Se reconoció la independencia del Paraguay como resultado de la misión de Derqui a Asunción, en 1852, por la que el diplomático firmó un tratado de límites con ese país que establecía al río Bermejo como linde entre ambos Estados, con la consiguiente pérdida de la actual provincia de Formosa. Argentina finalmente se salvó de esta pérdida porque el Congreso de la Confederación no ratificó el compromiso.

Se concedió la libertad de navegación de nuestros ríos interiores a buques de todas las banderas, remachada con una disposición constitucional y la firma de tratados internacionales con Francia, Inglaterra y Estados Unidos, en 1853.

Se permitió la intromisión de Brasil en la política interna uruguaya, país al que contribuyó a anarquizar apoyando ora a blancos contra colorados, ora a colorados contra blancos, con lo que intentaría justificar ante la comunidad europea, en especial Inglaterra, que el estado Oriental era ingobernable y que lo mejor que le podía ocurrir era incorporarse al Imperio.

A partir de la asunción de Urquiza como presidente constitucional, en 1854, la política internacional no cambió.

En 1856 se firmó un tratado con el propio Brasil, otorgándole la libre navegación de nuestros ríos interiores no solamente a buques mercantes de su bandera, sino también a buques de guerra. Por el artículo 18° se neutralizó la isla Martín García, llave del dominio de la cuenca del Plata; esto significaba la pérdida del derecho que le competía a Argentina, como dueña de dicha isla, de fortificarla y hacerla servir a sus intereses en caso de guerra. Esta inicua neutralización, ya había sido concedida a Inglaterra, Francia y Estados Unidos en los tratados de 1853.

En 1857, Urquiza firmó tratados con Brasil, ratificando la libertad de navegación de los ríos Paraná y Uruguay aun por buques de guerra, y concediéndole la extradición de los esclavos que huyeran de su territorio al nuestro. Pero hubo más: por un tercer tratado de límites, en Misiones se consignaban como tales los ríos Pepirí Guazú y San Antonio, nombres con que los brasileños designaban a dos ríos situados al oeste de donde en realidad se hallaban. Vicente G. Quesada expresó: «Temo que el tratado... haya cedido parte del territorio argentino de Misiones. No sé que ideas cerradas hacen que celebremos tratados de límites cuando se ignora todo y no se tienen conocimientos especiales, geográficos e históricos». Y el diputado Bouquet denunció que se nos despojaba de «cuatro mil quinientas leguas de territorio»396.

Efectivamente; al establecerse en el artículo 2º del tratado que «los ríos Pepirí Guazú y San Antonio... son los que fueron reconocidos en 1759 por los demarcadores del tratado del 13 de enero de 1750 celebrado entre Portugal y España», se le daba así pie a Brasil para que, como lo hizo victoriosamente a fines de ese siglo, engrosara su dilatado haber territorial con un área de una dimensión análoga a la de la provincia de Tucumán 397.

Debemos aclarar que este país no esperó se le concediera la libertad de navegación del río Paraná por buques de guerra, pues su escuadra lo utilizó con fines bélicos antes. Planteado un conflicto con Paraguay, a principios de 1855, veinte buques de guerra brasileños se dirigieron por el Plata y el Paraná, sin encontrar obstáculos ni pedir autorización a los gobiernos de Paraná y Buenos Aires, a imponer condiciones a López. La Confederación no protestó siquiera. Sí lo hizo Buenos Aires, pero sin conmover a Río de Janeiro. Con este motivo, Guido le escribía en enero de 1855 a Olazábal: «Cuatro años hace ¿creería usted que el Brasil se lanzase a estas expediciones marítimas, buscando camorras en el Río de la Plata y sus afluentes? Me parece un sueño lo que estoy presenciando y todo debido a nuestros errores»398. Carlos Pereyra escribió: «Se veía lo que era aquélla libre navegación: un libre atropello; los ríos franqueados a quien tuviera escuadras para su antojo aguas arriba»399.

Este antecedente servirá para que, años más tarde, el Paraguay exigiera el paso de sus tropas por territorio argentino para atacar a Brasil, hecho que posteriormente nos llevó a la guerra con aquel Estado 400.

Nuestras relaciones con Hispanoamérica fueron de indiferencia. Cuando Chile, Ecuador y Perú, con la adhesión de Bolivia, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua y Paraguay, firmaron el Pacto Continental de ayuda mutua frente a cualquier agresión, Argentina estuvo ausente, argumentando Urquiza que «los países americanos no están lo suficientemente maduros para emprender tan ardua empresa»401.

Otro episodio revelador de la falta de firmeza en las relaciones exteriores, fue la concesión de indemnizaciones a los franceses, ingleses y sardos por los perjuicios sufridos en nuestras guerras civiles, según ley de septiembre de 1859. Ninguna norma de derecho internacional estipulaba este tipo de reparaciones, llegando las cortes europeas a exigir intereses. Como Alberdi solicitara en Francia e Inglaterra ciertas franquicias para el pago, ésta «rechazó bruscamente toda modificación»402. El momento abierto para el país con Caseros daba para todo.

Como fondo de toda esta blandura, estaba la lucha diplomática entre la Confederación y Buenos Aires, tratando de obtener ventajas ante las cancillerías europeas. Así describe esta contienda Scalabrini Ortiz: «Los agentes de la Confederación recorrían las cortes europeas tratando de obtener su reconocimiento en competencia con los agentes de la provincia de Buenos Aires. Alberdi mismo, nos confiesa la índole económica de las gestiones. La Confederación ofrecía la libre navegación de los ríos, instrumento incomparable para el dominio comercial de los países de la cuenca del Plata e independencia ilimitada para residir, mercar y explotar. Buenos Aires proponía reanudar la vieja deuda de la casa Baring, reconocer los intereses atrasados y libertades no menos amplias que la Confederación»403. Si Urquiza contaba con Alberdi, Buenos Aires se apresuró a nombrar como ministro en Europa a Mariano Balcarce 404, mientras Francia, Uruguay, Estados Unidos y Cerdeña acreditaban representación diplomática en Buenos Aires, dándole un cariz dramático a la secesión porteña.

Brasil acreditó un encargado de negocios en Buenos Aires hacia abril de 1855, y asistía expectante al proceso de la división argentina, al que favorecía bajo cuerda 405.

La situación de Alberdi está signada por sus reiterados consejos para que se concediera a capitales europeos la construcción de ferrocarriles y el transporte fluvial, a obtener empréstitos en aquellas plazas y a implantar la libertad absoluta de inmigración. Hace también lo que en su momento hiciera Florencio Várela: solicitar la intervención de Francia e Inglaterra, ahora contra el Estado de Buenos Aires, lo dice él mismo en carta a Urquiza: «He puesto en manos de Lord Clarendon un memorándum de mucha trascendencia, sobre la urgencia, la necesidad y los medios de intervenir en la reinstalación de la unión argentina, de parte del gobierno nacional argentino y de parte de la Francia e Inglaterra»406.

Cepeda

El general Nazario Benavídez, caudillo federal, había gobernado San Juan por largo espacio de tiempo. Hacia 1857 se desempeñaba como jefe militar de la zona oeste de la Confederación, siendo gobernador Manuel José Gómez y ministro Saturnino M. Laspiur, quienes simpatizaban abiertamente con los hombres y la línea política de Buenos Aires. Benavídez fue tomado preso, acusado de promover una revolución; los soldados que lo custodiaban lo ultimaron a balazos en la misma cárcel; sus despojos fueron arrojados a la calle, salivados, pisoteados y sableados. La noticia del asesinato fue «estruendosamente celebrada en Buenos Aires»407. El diario «El Nacional» de Sarmiento y «La Tribuna» de los Varela, que habían sostenido la necesidad de eliminar a Benavídez, fueron los que con mayor regocijo recibieron la noticia. Urquiza montó en cólera y las provincias pidieron que se procediera contra los responsables.

Al asesinato de Benavídez uníase un nuevo factor que acrecía las discordias. La proximidad de la expiración del mandato presidencial de Urquiza, hacía que los aspirantes a la primera magistratura fueran preparando su camino. Estos candidatos eran Salvador M. del Carril, muchas veces vicepresidente en ejercicio de la presidencia, y Santiago Derqui, ministro del Interior. Ellos dificultaron cuanto pudieron un posible acuerdo con Buenos Aires, teniendo en cuenta que el arreglo podía dar por tierra con sus ambiciones si surgía un candidato porteño 408.

En mayo de 1858, el gobierno de Paraná organizó un monumental desfile militar, con lo que trató de intimidar al gobierno rebelde de Buenos Aires 409. Pero todo fue inútil, pues los porteños no se amedrentaron, mientras Urquiza no se sentía seguro de triunfar. Por ello buscó la alianza con Brasil y Paraguay, y hasta con Uruguay, mezclando a los países limítrofes, en el caso de Brasil una potencia claramente expansionista, en nuestros problemas domésticos. Estas coaliciones con las potencias extranjeras, al uso de las llevadas a cabo contra Rosas, no podían sino significar mayores desgracias para el patrimonio y la soberanía nacionales, como lo pone de relieve Cárcano 410. Afortunadamente, ni Brasil ni Paraguay ayudaron a Urquiza.

En estas circunstancias, intervino como mediador el ministro de los Estados Unidos, Benjamín Yancey. Buenos Aires puso como condiciones para llegar a un acuerdo, el abandono de la vida pública por parte de Urquiza durante 6 años, la disolución del Congreso de Paraná y el dictado de una nueva Constitución. El propio Yancey consideró inaceptables estas exigencias, en especial la primera. También se frustraron mediaciones de Brasil, Inglaterra, Francia y Paraguay.

Las tropas de la Confederación y de Buenos Aires chocaron, finalmente, en los campos de Cepeda en octubre de 1859. La dudosa capacidad militar de Mitre cedió ante la pericia y experiencia del entrerriano. Luego del triunfo, Urquiza proclamó generosamente al pueblo porteño: «Vengo a arrebatar a vuestros mandones el poder con que os conducen por una senda extraviada, para devolvéroslo». Era lo menos que se esperaba: un cambio total del elenco gobernante de Buenos Aires, a quien se le imputaba conspirar contra la unidad nacional; y acatamiento a la Constitución de 1853. Pero Urquiza, valido de la mediación del hijo del presidente paraguayo, Francisco Solano López, aceptó discutir la paz con el gobierno del recalcitrante Valentín Alsina, y sólo exigió, finalmente, la separación de éste, dejando intacto el círculo liberal de hombres que, según el propio Urquiza, «ejercía el poder en su provecho»411.

Pacto de San José de Flores

Así se llegó al Pacto de San José de Flores, rubricado el 11 de noviembre de 1859, y cuyas cláusulas fundamentales pueden sintetizarse así: a) Buenos Aires se reintegraba al seno de la Confederación; b) Una convención provincial bonaerense examinaría la Constitución de 1853 y propondría las reformas que considerase menester, o bien aceptaría lisa y llanamente el texto de Santa Fe sin modificaciones; c) Las eventuales propuestas de reformas serían sometidas en su oportunidad a la consideración de una convención nacional ad-hoc, debiendo la provincia de Buenos Aires acatar lo que ésta resolviese; d) La provincia de Buenos Aires enviaría diputados a esa convención nacional ad-hoc «con arreglo a su población»; e) el gobierno federal tomaba a su cargo la Aduana de Buenos Aires, y a cambio de ello, aseguraba a esa Provincia el mantenimiento de su presupuesto por cinco años; f) Se garantizaba la integridad del territorio de esa provincia, que no podía ser dividido sin consentimiento de su Legislatura; g) Todas las propiedades de la provincia de Buenos Aires, como sus establecimientos públicos, seguirían correspondiendo a ella y serían gobernados por sus autoridades; h) Se convenía un perpetuo olvido de todas las causas que habían producido la desunión; ningún ciudadano sería molestado por sus opiniones durante la separación, ni confiscados sus bienes por la misma causa; i) El ejército de la Confederación evacuaría el territorio de Buenos Aires, dentro de quince días de ratificado este Pacto; j) Habiéndose hecho ya en las demás provincias la elección de electores de presidente, la Provincia de Buenos Aires podía proceder inmediatamente al nombramiento de electores para que verificaran la elección de presidente, hasta el 1º de enero de 1860, siempre y cuando aceptara sin reservas la Constitución Nacional; k) Los oficiales porteños, que habían sido dados de baja desde 1852 y habían servido en la Confederación, debían ser restituidos al goce de su situación militar y residir donde lo creyeran conveniente.

Inexplicable resultaba el respeto que Urquiza hacía de sus enemigos liberales, más incomprensible resultó para sus aliados los federales porteños, que le habían acompañado en Cepeda y que aspiraban a una mutación total de la situación política de Buenos Aires.