Iniciación del gobierno

Cuando Carlos Pellegrini se hizo cargo de la presidencia de la nación, en las calles de Buenos Aires la alegría se manifestaba ruidosamente en procesiones y reuniones, iluminaciones y bailes, estruendos y aclamaciones populares, que celebraban la instalación de las nuevas autoridades y la renuncia del presidente Juárez Celman. Las manifestaciones callejeras comenzaban a las doce y dudaban hasta la media noche. No es un partido político el que ha triunfado, “es el país que estalla”. 1 Tres días duraron los festejos, durante los cuales, Leandro Alem y los dirigentes revolucionarios arengaron al pueblo al pie de la pirámide de Mayo. El presidente debió pronunciar más de diez discursos a la multitud que lo aplaudía. Nunca se concibieron tantas esperanzas en el porvenir del país como las que inspiró Pellegrini al asumir el gobierno. Solamente el presidente del comité de la unión Cívica no participaba del regocijo general y mandó colgar crespones en los balcones de su casa. Presentía que el nuevo gobierno continuaría y fortalecería al régimen. La “máquina electoral” “opresiva y corruptora del oficialismo que la revolución había intentado destruir, está montada y es la energía del pueblo la que debe desmontarla pieza por pieza”. 2

El presidente designó sus ministros entre los hombres más destacados del país, escogiéndoles en los centros políticos de mayor influencia, procurando ganarse la confianza pública con el acuerdo: entre el grupo republicano del Partido Autonomista Nacional, que dirigía el general Roca, los cívicos del general Mitre y el núcleo moderado de la Unión Cívica. 3 El general Julio A. Roca (47 años, tucumano) fue nombrado ministro del Interior; era el político más influyente en los círculos civiles y militares. Con habilidad había conseguido eliminar al presidente Juárez Celman y evitar el triunfo del grupo revolucionario de Leandro Alem. 4 Ministro de Relaciones Exteriores fue Eduardo Costa (65 años, porteño), leal amigo del general Bartolomé Mitre, de reconocida erudición jurídica. Vicente Fidel López (75 años, porteño), el elocuente defensor de la política del general Urquiza y del Acuerdo de San Nicolás (1852), historiador, vinculado a la Unión Cívica; 5 a pesar de su edad y sordera aceptó reparar las maltrechas finanzas nacionales. El teniente general Nicolás Levalle (50 años, italiano), amigo del general Roca, continuó como ministro de Guerra y Marina; era proverbial su coraje, acreditado en la reciente revolución y en los combates de la guerra del Paraguay. La Justicia, el Culto y la Instrucción Pública se le confiaron a José María Gutiérrez (65 años, porteño), convencional y diputado nacional desde Cepeda y Pavón, periodista de Los Debates y La Nación Argentina, amigo y partidario del general Mitre. Tres ministros estaban vinculados al partido revolucionario. 6

Con este grupo de hombres, el apoyo del Partido Autonomista Nacional 7 y una fracción de la Unión Cívica, el presidente se dispuso a encarar las finanzas descalabradas, la crisis comercial, la desvalorización de la moneda, la moral quebrantada y la agitación política que amenazaba la estabilidad de los gobiernos de provincia y la autoridad del poder ejecutivo.

Las revoluciones, con raras excepciones, no resuelven los problemas económicos, ni tampoco terminan con las tensiones y conflictos políticos que las provocan. Se desata la violencia, afloran las pasiones, se propician medidas heroicas, cambian los hombres de gobierno y se tiene la ilusión que se ha dominado al enemigo, cuando en realidad las causas sociales que determinaron la crisis continúan vigentes y no desaparecen al instante. Se requiere el transcurso del tiempo, mucha prudencia, discreción, energía, paciencia y patriotismo en la clase dirigente para encauzar el torrente desatado, cortarle las alas a las ilusiones y detener el ímpetu colectivo, para restablecer el orden administrativo, la moral política y el imperio de la ley.

La crisis respondía a lejanas y complejas causas. Afectaba con más intensidad las finanzas que la economía; las transacciones comerciales, más que el trabajo del campo. Organizado el país, sus gobernantes se propusieron fomentar su desarrollo. Aplicaron con exceso las ideas del liberalismo, tan en boga en aquella época, y estimularon la iniciativa privada hasta las mayores posibilidades. Producir riquezas era el deseo unánime, “enriquecerse a cualquier precio”, como en la época de Guizot en Francia. Los inmensos recursos naturales, la imaginación y entusiasmo de la población latina, daban una fisonomía especial a esta nueva nación.

El Estado, para forzar el progreso, recurrió a la política de los empréstitos y al fomento de la inmigración; distribuyó con largueza la tierra fiscal, protegió y garantizó la inversión de capitales extranjeros, al punto que este joven país de pronto se halló colmado de dinero. La capacidad productiva del Estado y los individuos no alcanzaron a retribuir los servicios de los compromisos contratados. Los hombres dirigentes confiados y complacidos ante las altas cifras de crecimiento, creyeron en el “progreso indefinido”; no tomaron las necesarias precauciones, ni tampoco el gobierno, ni los países inversores. La prensa estimulaba a transitar por el peligroso camino. “No sabemos, no nos explicamos, cómo en cabezas bien nutridas se puede estar vaticinando la ruina y el descalabro, cuando todo está encaminado por al senda de la prosperidad... el porvenir se nos acerca lleno de esperanza. Las industrias prosperan, el comercio sigue sus transacciones sin entorpecimientos... la situación financiera no inspira, ni puede inspirar alarma... De ninguna manera nos sorprendería un descenso en el precio del oro.” 8 Solo algunos espíritus ponderados anunciaban la próxima crisis. La inconversión y el curso forzoso existían desde 1885. A este estado anormal se agregó el abuso del crédito, la exagerada especulación, la confianza-ilimitada en los recursos del Estado, el déficit de los presupuestos y la balanza comercial. éstos fueron los elementos dominantes de la crisis, sin que por ello se afectaran seriamente las fuentes productoras y la solvencia del país. 9 El déficit de los presupuestos, la desvalorización de la moneda y el abuso del crédito son enfermedades endémicas que se observan en el país desde la Revolución de Mayo. Ningún presidente, salvo Nicolás Avellaneda, ha administrado ordenadamente, moderado los gastos públicos y resistido los excesos del crédito.

El gobierno y los particulares siempre han gastado en la Argentina más que sus posibilidades. Es una característica de la mayoría de las naciones jóvenes, querer rivalizar en breve tiempo con los países ya desenvueltos y de viejas culturas. Se lanzan a construir en todo el país obras públicas, multiplicar los servicios sociales, prodigar institutos de enseñanza y centros de investigación, hospitales y lugares de esparcimiento; aumentar con exceso el giro de los negocios y la producción nacional, extender rápidamente la tecnificación y mecánica agrícola; vivir con un .nivel superior a los medios de que se dispone. Todo lo cual redunda en falta de capital circulante, en constantes déficits de los presupuestos públicos y privados, en el crecimiento indefinido de las deudas. Si a ello se agrega la deficiente aptitud administrativa por falta de experiencia y la política demagógica que periódicamente sufren los países americanos, no es extraño que se produzcan períodos de escasez y estancamiento. Raro es el hombre público que no exceda el límite de las posibilidades a que le obliga la renta nacional y se reduzca a una política de progreso mesurado y seguro. No es posible, si no se dispone de suficientes entradas, realizar rápida y simultáneamente en todo el país, en las regiones fértiles, como en las regiones áridas, el desarrollo que exige la comunidad. La nación, las provincias, las municipalidades se empeñan en exagerados programas de inversiones para lo cual aumentan los, impuestos con una voracidad insaciable, gravan con exceso el trabajo y el capital, deteniendo la iniciativa individual, mucho más eficaz que la acción del Estado para impulsar el desarrollo nacional.

Al ahondar el estudio de la situación del país en 1890, se descubre que más grave que las crisis económica y financiera fue la incidencia de factores políticos lo que determinó los violentos sucesos de junio y sus consecuencias. Intensa y permanentemente el deterioro de los factores políticos venían agravándose desde años atrás y amenazaban la estabilidad de la nación. La apasionada disputa por el poder, la controversia de intereses del interior y la capital, la lucha de los gobiernos electores y la oposición, la aspiración por depurar los comicios controlados por la autoridad, el rápido aumento de la población con un 25 % de proporción de extranjeros 10 y la presión de núcleos sociales que formó la agricultura próspera y la industria naciente, eran elementos que requerían un tratamiento adecuado para ajustarlos a las instituciones democráticas que había establecido la Constitución. Existía el deseo de terminar con la corrupción electoral, fomentada por la deficiente cultura y la breve experiencia.

La corrupción electoral, en sus diversas manifestaciones, es una modalidad de la democracia; para extirparla exige del electorado una gran conciencia y preparación cívica, un gobierno honesto y un pueblo disciplinado, que solo se logra con muchos años de practicar los comicios. En las monarquías del siglo XVIII y en las anteriores, la corrupción se instalaba en la cámara real y era un mal endémico de aquel régimen. Las democracias más cultas y evolucionadas de la época contemporánea, demuestran que la corrupción existe en mayor medida en los sistemas de gobierno autoritario que en los controlados por la opinión pública. 11

En la Argentina, con raras excepciones, nunca se habían practicado comicios libres, ni tampoco extendido el derecho del sufragio. Los presidentes, gobernadores y caudillos dificultaban e impedían el voto de los opositores y bandas armadas provocaban el estallido de la violencia. La influencia presidencial, a medida que se fortificó el poder central disponiendo de las entradas de los derechos de Aduana y de la fuerza del ejército nacional, se extendió a las provincias, afectando su autonomía, base del sistema federal de gobierno. Finalmente se constituyó un partido único, bajo la autoridad omnipotente del presidente, el unicato, que produjo un intenso malestar político. 12

La revolución derrotada había consolidado a los gobiernos electores de las provincias y el régimen político establecido por el Partido Nacional no se modificaba. “Ha quedado montada la funesta máquina oficial, constituida por la Liga de gobernadores, y por la jefatura única en manos del presidente de la república, pudiendo con ello imponer al país la personalidad que sea de su antojo.” 13

Con estos hábitos y formas de la democracia argentina el presidente Pellegrini debía actuar y restablecer la normalidad financiera, la fe en la economía nacional y la estabilidad de las instituciones republicanas.

El presidente actuó con rapidez para disminuir la tensión política, detener el derrumbe financiero y preparar los elementos que debían lentamente restablecer la confianza. Hizo aquello que fue necesario hacer y podía hacer aplicando medidas simples acreditadas por la experiencia. Se mantuvo a la altura que sus deberes le imponían, sustrayéndose a la influencia de los partidos. 14

Se propuso el presidente desarmar a la oposición, evitar las disensiones y aplacar las pasiones, mantener la paz, predicar la concordia y respetar la libertad electoral, encaminar el país en la vía de las instituciones y salvar el orden público seriamente conmovido y amenazado. 15 Permitió que se reeditaran algunos periódicos procaces. Sacrificó sus principios en beneficio del país, cuando aceptó el proyecto de amnistía militar y política presentado por el senador Dardo Rocha. 16 Ordenó la confección de un nuevo registro cívico en todo el territorio de la República, renovable cada dos años y abrió el padrón electoral para permitir la inscripción de los ciudadanos votantes y facilitar la mejor representación de los partidos políticos. 17 Reformó la ley electoral para elegir el Concejo Deliberante de la Capital Federal y realizó elecciones para instalar el Consejo electivo. 18 Procuró mejorar las deficiencias y suprimir los abusos de la administración pública. La pasión partidaria y el interés de los nuevos funcionarios, los llevó a veces a exagerar el celo para justificar su actividad y hacer afirmaciones infundadas sobre la conducta de sus antecesores. 19 Las obras sanitarias volvieron a poder del Estado. En la distribución de la tierra fiscal se dictaron disposiciones y leyes que consultaban mejor el interés público. 20 Se cancelaron las concesiones de ferrocarriles que no habían cumplido las condiciones del contrato y se trató de ordenarlas dentro de un programa de acuerdo con estudios económicos y geográficos. Por razones de economía se suspendió la construcción de algunas líneas férreas. 21 Se declararon caducas las concesiones de ferrocarriles y obras públicas con garantía de la nación (5-IX-1890). 22

Mi primer deber

El presidente Pellegrini y su ministro de Hacienda, Vicente López, dedicáronse con urgencia a remediar la bancarrota financiera del Estado y restablecer los estímulos al trabajo nacional. 23 “Mi primer deber”, dijo el presidente, es “levantar a nuestro país de la postración inmensa que lo abate, lo consume y lo desacredita... salvemos al país de la bancarrota... primero, habrá tiempo mañana para corregir todos los vicios y defectos que lo afean”. 24

Todavía la multitud lo aclamaba en la plaza de Mayo cuando reunía a un grupo de comerciantes, estancieros y banqueros para pedirles la suscripción de un empréstito a corto plazo de $ 15.000.000 para abonar el primer servicio de la deuda externa que vencía en la semana siguiente. Acuciados por la apremiante situación y sus justas sugestiones, el empréstito se cubrió rápidamente.

Antes de un mes de constituido el nuevo gobierno, envió al Senado un “plan completo de finanzas”. Proponía “los medios más adecuados y prácticos para poner en acción las fuerzas reparadoras con que el país cuenta... para salir del desorden económico en que se halla y abrir una vía en que se pueda ir reparando gradualmente su malestar hasta llegar a la solución de sus dificultades y de los sacrificios que la misma situación le impone”. 25 El gobierno habría deseado no recurrir a la emisión, procedimiento tan desacreditado de los países sudamericanos, pero se halló en la imposibilidad de obrar de otra manera ante la escasez del medio fiduciario. Un proyecto de ley autorizaba la emisión de billetes de Tesorería hasta la suma de $ 60.000.000 para cancelar la emisión bancaria. 26 Otro autorizaba la enajenación de los fondos públicos que garantían los $ 60.000.000 del Banco Nacional. Un tercer proyecto creaba la Caja de Conversión y una comisión liquidadora de la deuda nacional. El ministro de Hacienda calculaba que en diez años produciría aquella institución un beneficio de más de $ 20.000.000 que le permitiría hacer frente a otras garantías y retirar de la circulación las cantidades que debía amortizar, produciéndose corno consecuencia de ello la valorización de la moneda. 27 El quinto proyecto obligaba a los Bancos garantidos a la conversión de sus emisiones. El sexto autorizaba un empréstito de 20.000.000 de pesos oro destinado exclusivamente a atender el servicio de la deuda externa y a aliviar el presupuesto. Finalmente se declaraban caducas las concesiones de ferrocarriles y obras públicas con garantía de la nación, cuyos concesionarios no hubieran cumplido con las condiciones contractuales.

El ministro Lucio V. López, al defender el plan en el Senado, se refirió a situaciones análogas por las cuales había pasado el país. La experiencia le indicaba que ellas habían sido afrontadas, con éxito, con medios semejantes a los que proponía el Poder Ejecutivo. Prometía un presupuesto equilibrado y declaraba su optimismo en los recursos del país, su confianza en la disminución del valor de las importaciones y el aumento de las exportaciones en el año próximo. Declaraba que no pertenecía a ningún partido político y afirmaba sus ideas nacionalistas. 28

El ministro de Hacienda no presentaba ninguna iniciativa original y continuaba con la “política emisionista” y apoyo a los Bancos oficiales de las presidencias anteriores. La única novedad que aportaba era la creación de la Caja de Conversión cuyos beneficios se apreciarían en los próximos años. 29

El Congreso aprobó rápidamente los proyectos más urgentes y el Poder Ejecutivo prorrogó las sesiones de las Cámaras para que sancionaran el presupuesto y otras iniciativas importantes. Fueron convertidos en leyes, sin mayores modificaciones, el empréstito de 20.000.000 de pesos oro y la Caja de Conversión. 30 Esta institución, con las modificaciones posteriores, fue el instrumento más eficaz para estabilizar y convertir la moneda de curso legal. Funcionó con regularidad casi cincuenta años. Con ella se detuvo el derrumbe de la moneda, infundió confianza a los capitalistas extranjeros para realizar inversiones en el país y contribuyó a su desarrollo, con una eficacia que no superaron las instituciones que la reemplazaron. 31

Las medidas adoptadas por la nueva administración no detuvieron la crisis que continuaba su curso. Se agravó con las dificultades de la casa Baring, los banqueros del país en Londres, que no pudieron colocar en el mercado europeo la gran masa de valores argentinos, que privó al gobierno disponer del oro necesario para abonar sus compromisos. 32 El ministro de Hacienda convirtió en oro los cincuenta millones de pesos destinados a aliviar al situación bancaria y los remitió a Baring para el pago de los servicios de su deuda. Esta operación agotó el metálico que existía en plaza y los Bancos se presentaron en estado de liquidación. El ministro prefirió atender con preferencia el crédito exterior. No escuchó a quienes le aconsejaban la suspensión transitoria del servicio de la deuda consolidada, para estudiar con suficiente tiempo las medidas a adoptar. 33

En los últimos meses del año 1890 la crisis había adquirido mayor intensidad, “llegando a comprometer los recursos del Tesoro, hasta el punto de poner en peligro el exacto cumplimiento de nuestros compromisos, amenazando así nuestro crédito y con él nuestro honor nacional”, que Pellegrini atendía con especial cuidado. La mayor perturbación consistía en la creciente desvalorización de la moneda con relación a las obligaciones del Tesoro. Al cobrarse la renta en moneda papel depreciado y abonar las obligaciones en moneda metálica, se llegó a un punto en que los recursos eran insuficientes para atender los gastos, situación en que ya se hallaban algunas provincias y mañana podía encontrarse la nación. 34 El billete se había depreciado de $ 247 (agosto) a $ 307 (diciembre). El gobierno no podía pagar puntualmente los sueldos de la administración. 35

El Poder Ejecutivo convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para afrontar la situación. Las negociaciones que había iniciado el enviado financiero del gobierno, Victorino de la Plaza, con los banqueros en Londres en ocasión de la crisis en que se hallaba la casa Baring Brothers, tenedores de los títulos argentinos de imposible colocación, aconsejaban de acuerdo con los colegas franceses y alemanes la contratación de un empréstito en cantidad suficiente para atender los servicios de la deuda externa durante tres años.

Pellegrini definió su responsabilidad en la grave situación en que se hallaba el país. Ella era el resultado de la conducta política del gobierno, pero no era el gobierno el único responsable cuando “los partidos políticos se lanzan por sendas extraviadas, ultrapasan los límites de su acción legítima y pretenden imponer a todos, gobernantes y gobernados, la ley de sus pasiones, de sus aspiraciones y hasta de sus odios personales, convirtiéndose así en elemento de anarquía y de desorden, funestos siempre”. Afrontó francamente a la oposición que ya se manifestaba apasionada y violenta. Predijo que al año siguiente aumentaría la agitación política, con motivo de la elección presidencial y llamó al sentimiento patriótico de sus conciudadanos para evitar que las “disensiones internas vengan a reagravar una situación difícil, esterilizando sacrificios costosos y exponiendo a la nación a caídas irreparables”. Estoy decidido a acudir “viril y resueltamente a detener el mal y extirparlo. Por ello necesito el concurso de todos los argentinos”.

El proyecto de empréstito y nuevos impuestos completaban el plan del Poder Ejecutivo que meses antes había enviado al Senado. El empréstito evitaría que el servicio de la deuda externa gravitara en el presupuesto y los nuevos impuestos aumentaran la renta del Estado. El empréstito ascendía a 75.000.000 de pesos nacionales oro en títulos del 6% de interés y condiciones muy severas; 36 su producto debía dedicarse exclusivamente al pago de la deuda externa. El país se comprometía a no contraer nuevos empréstitos y garantías, durante tres años. Las aduanas estaban obligadas a recibir sus cupones en pago de impuestos, el gobierno a depositar diariamente en el Banco las sumas necesarias para el servicio del empréstito y los acreedores podían designar apoderados para controlar esa cuenta. 37 El ministro demostró la necesidad de aliviar el presupuesto durante tres años. 38 Afirmaba que el empréstito estaba destinado a “salvar el crédito del país”. Es un “empréstito moratoria” que afecta ese mismo crédito, al punto que se exhibe como cartel de descrédito en la Bolsa de Londres, le responde la oposición. 39

Para equilibrar el presupuesto propuso, además, la creación de nuevos impuestos y la elevación de los existentes. Antes de presentarse a los acreedores del exterior para negociar la deuda, agotó los recursos que podía obtener en el propio país. Gravó los alcoholes, cervezas y fósforos (impuestos internos). El ministro López alegó el estado de urgente necesidad y la amenaza de suspender todos los servicios de la deuda o buscar recursos en los derechos aduaneros, rebajándolos y abandonando la industria nacional a su propia suerte. El Congreso, ante esta disyuntiva, aceptó la política del ministro. 40 Impuso el 7% sobre las utilidades y dividendos de los Bancos particulares y sociedades anónimas, cuya dirección y capital no estuvieran radicados en el país, exceptuando las fábricas de carnes conservadas, frigoríficos y ferrocarriles. Esta iniciativa dio lugar a un debate, en el cual el senador Gerónimo Cortés objetó el impuesto, porque consideraba que hostilizaba al capital extranjero y lesionaba los principios constitucionales. El ministro respondió que era necesario defenderse de los capitales ingleses, alemanes y belgas que con un simple consignatario en Buenos Aires obtenían pingües beneficios sin radicarse en el país. Citó sociedades que producían al año 62% de beneficio. 41 Aumentó otros derechos aduaneros que el Congreso discutió ampliamente y finalmente aprobó. El ministro de Hacienda los reclamaba como un recurso exclusivamente fiscal. Gravitaban principalmente sobre los artículos de lujo Las clases menos acomodadas se beneficiaban con una reducción considerable en los percales y fariñas. 42 Estableció el pago de los derechos en oro, aumentó el impuesto de sellos y gravó con un impuesto del 2% a la exportación.

La reunión de notables

El plan de gobierno no operaba con suficiente rapidez. “Los efectos de la crisis continúan pesando sobre el país con intensidad creciente” decía el presidente. El crédito personal había desaparecido, aumentaban las quiebras de las sociedades anónimas, los valores en la Bolsa no tenían precio, el medio circulante era escasísimo, la propiedad se había depreciado, el Banco Hipotecario Nacional suspendió el pago del interés de las cédulas y el valor del oro subió a $ 446. “Había una gran anarquía de opinión sobre los medios para afrontar las dificultades.” En esta situación y con el propósito de escuchar las opiniones de los hombres más capaces, el presidente convocó a una reunión de notables en la Casa de Gobierno, donde estuvieron representados todos los sectores de la economía, el comercio, la industria, la ganadería y la agricultura. 42 En el salón de la Casa de Gobierno, rodeado por todos sus ministros, presidió la asamblea el presidente y participó de los debates. Este procedimiento de asesoramiento al Poder Ejecutivo se realizaba por primera vez en el país. Revelaba el propósito de no omitir esfuerzos para hallar la, sustentación pública para prestigiar los actos del gobierno. No se limitaba a escuchar a sus ministros, los asesores naturales del Poder Ejecutivo y también a los miembros del Congreso, quería otras bases de apoyo. Fue un hábil recurso de Pellegrini. En momentos que aumentaba la oposición en el Parlamento y en los clubes políticos, cuando acababa de producirse el atentado al ministro del Interior que revelaba un estado de efervescencia popular, pocos días antes de la llegada de Europa del general Mitre, candidato a la presidencia proclamado por la convención de la Unión Cívica de Rosario juntamente con Bernardo de Irigoyen, era importante tener el apoyo y mantenerse en contacto con un grupo principal de la clase independiente que no militaba en política. La reunión de notables demostraba la discreción y mesura con que obraba el presidente para afrontar la doble crisis política y económica que sufría el país. Pellegrini presentó con claridad los asuntos a estudiar y afrontó el debate sin pasión y con coraje.

“La situación del erario nacional es completamente desahogada y no puede sufrir, ni sufrirá apremio ninguno en los tres años que duren las moratorias acordadas.” Era afirmar el éxito de sus primeras gestiones financieras y de su política. La crítica situación, que es necesario afrontar es la quiebra de los Bancos, que sufren la falta de depósitos y el retiro de capitales. El “dinero que sale no vuelve” y como consecuencia es imposible satisfacer los créditos que reclaman las industrias del país, que no podrán trabajar sin bancos. La quiebra de los Bancos nacionales sería una catástrofe nacional. Tres soluciones se han proyectado: un empréstito, una emisión o el curso forzoso. La emisión de papel moneda significa su depreciación, el aumento de los precios de todos los artículos de consumo que harán imposible la vida en las clases menesterosas. El curso forzoso seria una verdadera expoliación”.

El presidente presentó un ingenioso proyecto de emisión de billetes metálicos por intermedio de la Caja de Conversión que el gobierno y el Banco Hipotecario recibirían como oro. Al mismo tiempo negociaba con los banqueros de la capital un empréstito que diera a los bancos recursos inmediatos de acuerdo con un proyecto que había estudiado la comisión de la Bolsa.

Wenceslao Escalante duda sobre el monto de recursos que se necesitan, Julián Balbín refiere el pánico que se ha producido en el público, Rufino Várela hace objeciones fundamentales al proyecto y señala la gravedad de la crisis, José B. Gorostiaga no se siente con fuerzas para opinar y propone nombrar una comisión que formule una solución concreta. Francisco Uriburu está preocupado por la ruina en que se halla el país que puede convertirse en una catástrofe y está pronto a sacrificar cualquier cosa para la “salvación de su patria”; sostiene el proyecto del Comité de la Bolsa. Entre el empréstito y la emisión, José A. Terry prefiere el empréstito; si éste no se realiza en breve tiempo el “gobierno debe comprometerse a hacer la emisión”. Hay que evitar una corrida a los bancos, opina Ernesto Tornquist, y no vamos a inspirar confianza haciendo más papel. El bono del empréstito nacional interno que se proyecta tiene una triple garantía: la nación, el banco que lo redescuenta y el aceptante de la letra. No ofrece riesgos para nadie tomar este empréstito. W. Paats apoya la opinión de Tornquist y es partidario del empréstito popular. El general Mansilla opina como Tornquist y Paats; propone que se nombre una comisión y acepte lo que ella aconseje.

No se discute en esta asamblea únicamente la crisis bancaria. Asisten hombres políticos y entre ellos Aristóbulo del Valle (45 años, Buenos Aires).

Al amigo personal del presidente lo domina el caudillo radical opositor; pertenece al grupo de Alem que observa cómo el general Roca continúa dominando en las provincias y gravitando en el gobierno nacional.

“Yo no creo, señor presidente que ésta sea una mera cuestión monetaria; yo creo que es una cuestión política, social y económica” afirma con vehemencia Del Valle. Manuel Quintana también califica la crisis de política, militar y económica. Pero Del Valle es un tenaz opositor en esta asamblea técnica. “Si el pueblo anda por un lado y el gobierno anda por otro, todos éstos son remedios efímeros” afirma rotundamente. “Es necesario cambiar de sistema todo lo que se relaciona con este gobierno”... “Los más grandes males se conjuran cuando el pueblo se pone al lado del gobierno y cuando el gobierno protege al pueblo”... “Hay desconfianza porque hay pueblos oprimidos... ¡y pueblos robados”!... ¡Quiere del Valle liquidar todos los bancos de las provincias y transformar el Banco Nacional para que quede libre de toda influencia de gobierno”! finalmente, después de esta andanada contra la política presidencial apoya la solución que propone la Comisión del comercio.

Este hombre inteligente, profesor de derecho internacional, ciudadano elocuente y honorable, está perturbado por la pasión política. Su actitud es un antecedente de su conducta en el Ministerio del Interior de Luis Sáenz Peña. Entonces será Pellegrini quien llevará el ataque al ministro y terminará con su carrera política (12-VIII-1893).

El presidente escucha el tremendo discurso de su amigo. No lo altera. Responde sin inmutarse. Desarma al adversario con su habitual eficacia y realismo. “Estoy completamente de acuerdo con el Dr. Del Valle”. “Es necesario cambiar de sistema. La situación política actual proviene de que he cambiado de sistema y el doctor Del Valle y la opinión que representa no se han apercibido y persisten en los sistemas anteriores.” Cuando se trata de un hombre político tan mezclado en las contiendas, sacudido por las pasiones, “soldado armado que lucha por una sola idea, su 'inteligencia tiene forzosamente que sufrir las ofuscaciones que las pasiones siempre ocasionan'; pero cuando es un presidente que gobierna la República entera hay que permanecer sereno y alejado de todas esas pasiones”, termina Pellegrini.

Chocan dos temperamentos, dos políticas, dos destacadas personalidades. El uno, revolucionario idealista; el otro, gobernante pragmático apercibido de las responsabilidades que significa la autoridad suprema. La importancia que tiene esta controversia finca en que las palabras del presidente contienen la doctrina política que inspira a su gobierno, que mantiene hasta que produce la división del Partido Autonomista Nacional.

“Lo que hoy sucede, continúa el presidente Pellegrini, es hijo legítimo de los errores cometidos hace treinta años”... “Todos los países tienen su tradición política”... “Los usos y los abusos no son de generación espontánea, son el fruto necesario de hechos que se han venido produciendo en los cuales han tenido parte todos los hombres públicos que se agitan hoy en el escenario político”. El inmenso poder que han llegado a tener los presidentes de la República ha sido “la consecuencia forzosa de su educación política... de su falta de educación política”. Hoy el presidente no quiere usar de ese poder, ni imponer su opinión. “En las Provincias el Presidente no tiene derecho para inmiscuirse en favor de un partido ni de otro, ni aun para corregir errores de gobernantes que la Constitución no le permite corregir.” ¿Cómo se evitan las arbitrariedades que existen en el país?, se pregunta Pellegrini. “Con paciencia, constancia y mucho patriotismo, corrigiendo las causas que, las promueven. Yo sostengo a los gobernadores de Provincia, no por opinión ni simpatías, sino porque la Constitución me manda sostenerlos y porque “la revolución armada para derrocarlos no es uno de los medios permitidos por la Constitución Nacional. Hoy se ha cambiado de sistema. El Presidente de la República se ha alejado de la intervención directa e inmediata de la política en las provincias. Si impusiera mi voluntad, aun con la más santa intención, continuaría la mala tradición política existente.”

El ingenio y las convicciones de Del Valle contestan: “La opinión pública del país dirá mañana en quién ha vibrado más la voz del partidario. En toda la faz de la República el sistema republicano está violado y todas las instituciones están conculcadas. El gobierno debe intervenir las provincias para garantir las instituciones que establece la Constitución.”

La reunión de notables ha terminado. La comisión especial constituida por Gorostiaga, Uriburu, Romero, Paats, Várela y Anderson, una hora después de levantada la asamblea, presentó su despacho al presidente y esa misma noche reunió el presidente a sus ministros y lo aprobaron. Resolvió emitir un empréstito por la suma de $ 100.000.000 nacionales cuyo producto debía entregarse a la Caja de Conversión, para ayudar a los bancos oficiales y evitar su quiebra.

El empréstito no fue cubierto, como lo preveía el presidente y la suma que se obtuvo se destinó a los bancos, que no obstante se vieron obligados a cerrar sus puertas. Los bancos garantidos siguieron la suerte de los bancos oficiales y la nación se hizo cargo de sus emisiones internas por un valor de más de $ 40.000.000.

La reunión de notables revela la unidad de criterio de la clase dirigente y el gobierno para encarar con éxito la crisis económica; revela también que se ha agravado la crisis política por el enfrentamiento de la oposición con el gobierno. A pesar de los esfuerzos del presidente para apoyar la política del acuerdo, el triunfo de Del Valle y Alem en las elecciones de la Capital, el manifiesto de la Unión Cívica y las rebeliones en Córdoba y Catamarca, demostraron la intensidad de la crisis institucional que llevaría a proscribir a la oposición en los comicios presidenciales.

A mediados de 1891 la crisis económica se complicó con la situación política. El triunfo de la oposición en las elecciones de senador, la renuncia del ministro del Interior, los debates en el Parlamento, donde se fustiga al Poder Ejecutivo, el fracaso del acuerdo y la desorientación de los partidos para elegir la fórmula para las próximas elecciones presidenciales, mantienen la tensión entre los diferentes grupos sociales donde los especuladores y grandes deudores no se resignan a liquidar definitivamente sus deudas. La mayoría se hallan vinculados a los círculos del Partido Autonomista Nacional y presionan al gobierno para dictar una moratoria. En el Congreso su influencia es dominante y consiguen que se proyecte una prórroga de las obligaciones por noventa días. El Poder Ejecutivo rechaza esta iniciativa por inocua. Sostiene que la mayoría de los deudores después de vencido el plazo se hallarán en la misma situación que antes, porque los valores con los cuales han contraído sus deudas no tendrán tiempo de reaccionar, ni habrá mayor crédito personal que pueda suplirlos. La moratoria puede producir la completa paralización de los negocios y reagravar la crisis. La liquidación de las pérdidas sufridas es un hecho necesario que contribuirá a terminar con la crisis y comenzar el desarrollo futuro. Sano criterio que el Poder Ejecutivo impuso, contrariando a la gran masa de deudores que no se resolvían a liquidar sus pérdidas. 43

El banco de la Nación

El país no puede progresar sin un banco que satisfaga las necesidades del comercio y la industria. El gobierno buscó de diversa manera el dinero para constituirlo. Llegó a ofrecer al capital extranjera toda clase de privilegios, sin conseguirlo. Finalmente, tuvo que recurrir al crédito interno. Hasta que éste se cubriera, para que iniciara inmediatamente sus operaciones el nuevo Banco de la Nación Argentina propiciado por el gobierno como banco privado, necesitó que éste le proveyera el capital. Lo hizo emitiendo un empréstito por $ 50.000.000 a cargo de la Caja de Conversión contra un bono del Estado. 44 El nuevo banco no se creaba para atender las necesidades del erario sino para servir al comercio y a la producción nacional; “un gran Banco que abarque en su giro la República entera”. 45 Le estaba prohibido realizar operaciones con gobiernos y municipalidades, con excepción del gobierno nacional al cual no se le podría acordar más de $ 2.000.000. Su encaje debía representar el 25 % de los depósitos. Si la suscripción particular no cubriera el capital previsto, el directorio provisorio, designado por el Poder Ejecutivo, continuaría. Con las utilidades debía amortizar su deuda a la Caja de Conversión. 46

En la Cámara de Diputados, la política económica y financiera del gobierno fue severamente criticada por la oposición. “Profunda decepción ha causado la nueva administración”, decía el diputado Víctor Molina (29 años, porteño), “iniciada en nombre de una reacción... en realidad ha continuado la misma política anterior, extremando aún más los procedimientos que se criticaban y lanzándose en una política emisionista que excede los 1000 millones. Se funda otro banco cuando aún no se ha liquidado el existente. Será un banco electoral”. El diputado José M. Olmedo (cordobés) pronunció una virulenta acusación contra el gobierno por haber desacreditado deliberada y sistemáticamente todas las instituciones existentes, desencadenando una propaganda de desconfianza y hasta de vilipendio sobre todas las instituciones que habían conseguido desenvolver las industrias nacionales y facilitar las transacciones comerciales, que solo necesitaban un correctivo en la práctica fiel de sus disposiciones legales para “entrar en el gran sendero de su porvenir”. Sostenía que la producción se hallaba intacta, que se producía y se exportaba más que antes, que era un país muy rico que solo necesitaba de mayor crédito. “Con el crédito se ha construido el progreso del país”, decía. Debe encararse la crisis con criterio nacional antes que servir a los acreedores. El gobierno había desacreditado tanto sus propias instituciones que en Europa se creía que Argentina era un país ingobernable, donde existía el gaucho banking, sistema para arruinar a todos, comenzando por los ricos. 47

En su discurso, el diputado Olmedo sostenía que el nuevo banco nacía con los mismos vicios que el Banco Nacional porque era un banco electoral, para sacar de apuros al Poder Ejecutivo y servir los intereses de su política, sin capital ni crédito suficientes para llenar las necesidades del trabajo nacional. 48 Acusaba al gobierno de no seguir las recomendaciones exteriorizadas en asambleas y reuniones de personas vinculadas a la economía nacional. Preferían el quietismo a las iniciativas propuestas. “Lo lógico seria, en lugar de fundar un nuevo banco, reorganizar y sanear los actuales bancos que en medio de sus errores y despilfarros han prestado grandes servicios al país.”

El general Lucio V. Mansilla (59 años, porteño) fue el más eficaz defensor del nuevo Banco de la Nación. Sus pintorescos discursos a base de gracejos e ironía, con más habilidad parlamentaria que conocimientos financieros, refutaron al apasionado opositor, sosteniendo la urgencia de crear un nuevo banco para encarrilar la circulación monetaria.

Afirmaba que el proyecto del Poder Ejecutivo era el único posible en el momento actual.

El diputado Juan Balestra señaló la dificultad de suscribir capitales en el público, cuando el particular ganaba con su dinero el 24% de interés. Demostró que la emisión que se preparaba era la más garantida. 49

La mayoría de la Cámara aprobó la sanción del Senado y le dio al presidente las leyes con las cuales enfrentaría a la crisis. 50

El primer presidente del Banco de la Nación fue el honorable ciudadano Vicente Casares (55 años, porteño).

El banco inició sus operaciones el 1-XII-1891. La eficacia con que sirvió los intereses del país, la confianza que inspiró a los depositantes y los privilegios que le otorgó el gobierno hicieron de él, muy pronto, el primer banco de la República. 51

El presidente Pellegrini encaró la política agraria en forma diferente al presidente Avellaneda. Suprimió la colonización oficial por empresas particulares, que había producido algunos buenos resultados en la provincia de Santa Fe y revisó la aplicación de las leyes que concedían grandes extensiones de tierras fiscales a los particulares. La administración, dedicada al examen de viejos expedientes, no estudió los proyectos de reforma que permanecían encarpetados. Tampoco afrontó con decisión la enajenación y población de las extensas tierras del dominio del Estado, como lo hiciera Avellaneda, al punto que el presidente reconocía que el trabajo en que se hallaba empeñado era principalmente de reparación. 52

A pesar de las deficiencias la política agraria de los gobiernos anteriores había contribuido al adelanto del país. Algunas de sus leyes fomentaron la radicación de colonos. La explotación de la ganadería cedió lugar a la agricultura. 53 Comenzó la época del arado que mejoró el trabajo del campo. Los granos exportables aumentaron en proporción geométrica con relación a la carne y el cuero. 54 El fomento de la construcción de ferrocarriles, inmigración y radicación de capitales extranjeros, había cambiado la fisonomía económica y social del país. La venta de 17.000.000 de hectáreas de tierra fiscal, con prodigalidad y sin obedecer a un criterio científico, fue el resultado de la presión de las fuerzas de expansión de la economía del país. A pesar del desorden con que fue enajenada no comprometió la riqueza del Estado.

La presidencia de Pellegrini quiso poner orden en la administración de la tierra fiscal, afirmando que los 30.000.000 de leguas recientemente enajenadas nada habían producido. 55 Reglamentóse las atribuciones de la Oficina de Tierras (30-1-1891); solo el presidente de la Nación podía firmar las escrituras de venta (28-II-1891) y decretó una investigación sobre los derechos de los poseedores de acuerdo con la ley 1882 (31-VIII-1891). En un solo acto de energía se recuperaron cuatro millones de hectáreas. Poco después 3.500.000 hectáreas volvieron a entregarse a la especulación. 56

Los excelentes propósitos del gobierno de ofrecer la tierra fiscal en venta, explorada, mensurada, amojonada y subdividida a los verdaderos agricultores, solo fue un enunciado. Continuaron los abusos con los premios en tierra y certificados al portador, a favor de militares y continuó la enajenación inconsulta de grandes extensiones. 57 La tierra fiscal siempre se había distribuido con excesiva prodigalidad y todos los gobiernos estaban y siguieron complicados en esta política. Es preferible el latifundio en manos particulares sujeto a los intereses comerciales, que en poder del Estado, que lo mantiene vacío e inculto.